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Panamá rechaza su inclusión en lista de “paraísos fiscales” por parte de UE

El presidente panameño, Juan Carlos Varela, calificó de “injusta” la inclusión de Panamá en una lista negra de paraísos fiscales que elabora la Unión Europea (UE) para combatir el lavado de activos.

“No es justo que un país comprometido en la lucha contra el terrorismo y la transparencia financiera sea castigado con ese tipo de sanciones”, dijo Varela al ser preguntado al respecto.

En la lista de la UE figuran, además, Samoa Americana, Bahréin, Barbados, Granada, Guam, Corea del Sur, Macao, Islas Marshall, Mongolia, Namibia, Palau, Santa Lucia, Samoa, Trinidad y Tobago, Túnez y Emiratos Árabes Unidos.

La inclusión en esa lista, confeccionada por países que integran la UE, desalienta a las empresas europeas a realizar inversiones y transacciones con bancos establecidos en Panamá. En febrero de 2016, Panamá consiguió salir de la denominada lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), luego de reforzar las medidas antilavado de activos en el sistema bancario del país.

“Soldado advertido…”

Sin embargo, Panamá no dejó de recibir presiones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) con el propósito de desmantelar el secreto bancario (confidencialidad de las cuentas) de clientes de bancos que operan en el Centro Bancario Internacional (CBI).

Los países europeos mantuvieron a Panamá bajo la lupa luego del estallido en 2016 del escándalo financiero conocido como “Panama Papers” sobre el uso de sociedades offshore que sirvieron para la evasión fiscal de personas y empresas europeas de alta renta.

De hecho, la inclusión de Panamá en la lista de “paraísos fiscales” este mes pareció tomar de sorpresa al Gobierno panameño, que mantenía conversaciones con el Gobierno de Francia.

El ministro panameño de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, usó su cuenta de Twitter para calificar de arbitraria la decisión de la UE, que llega en medio de investigaciones penales sobre millonarios sobornos pagados en este país por la constructora brasileña Odebrecht.

JOV (dpa, efe)

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