martes, mayo 27, 2025
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Ningún país puede fingir que la pandemia ha terminado, dice el director de la OMS

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OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) apoya plenamente los esfuerzos de reapertura y espera que los niños regresen a la escuela y las personas regresen a sus lugares de trabajo, pero esto debe realizarse de manera segura a la luz de la pandemia de COVID-19, señaló  el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una conferencia de prensa virtual.

Tedros recalcó que ningún país puede simplemente fingir que la pandemia ha terminado.

«Ningún país puede simplemente fingir que la pandemia ha terminado ya que la realidad es que este coronavirus se propaga fácilmente, puede ser fatal para personas de todas las edades y la mayoría de ellos siguen siendo susceptibles a contagiarse. Si los países se toman en serio la apertura, deben tomarse en serio la supresión de la transmisión y la importancia de salvar vidas», subrayó.

Esto puede parecer un equilibrio imposible, pero no lo es, se puede hacer y se ha hecho, acotó el jefe de la OMS, quien agregó que solo se puede conseguir si los países tienen el control de la transmisión.

«Cuanto más control tengan sobre el virus, más se pueden abrir. Reabrir sin tener el control es una receta para el desastre», advirtió.

Tedros enfatizó que hay cuatro cosas esenciales que deben hacerse: evitar los eventos que expanden el contagio del virus; prevenir las muertes protegiendo a las personas vulnerables; ser responsable individualmente, que significa que los individuos deben desempeñar su papel preventivo mediante el uso de mascarillas, el distanciamiento social y el lavado de manos con regularidad; encontrar, aislar, probar y atender casos, y rastrear y poner en cuarentena a los contactos.

Según Tedros, las decisiones sobre cómo y cuándo permitir las reuniones de personas deben tomarse con un enfoque basado en el riesgo y en el contexto local.

Reabre el aeropuerto de Bogotá

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Aeropuerto de Bogotá

Cerca de 8.000 personas viajarán hoy martes en unos 80 vuelos nacionales que saldrán del aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá, el principal de Colombia, en su primer día de operaciones tras su cierre el pasado marzo por la emergencia provocada por la pandemia de la COVID-19.

Para mañana están previstos más o menos 80 vuelos, que son pocos para los cerca de 850 vuelos diarios que había antes de golpear la crisis epidémica. Es un monto pequeño y está dentro de lo autorizado por el Gobierno local y nacional, aseguró Andrés Ortega, gerente de Opain, empresa que administra el aeropuerto, en una rueda de prensa.

Tienen más o menos unos 8.000 pasajeros confirmados hasta este lunes, de los que probablemente muchos de ellos están realizando los arreglos oportunos para tomar sus vuelos, agregó.

Para contener la llegada de casos de la COVID-19, el Gobierno colombiano suspendió los vuelos internacionales el pasado 23 de marzo y dos días después tomó la misma medida con los nacionales.

En un principio operarán 14 rutas nacionales desde el Aeropuerto El Dorado hacia ciudades como Medellín, Cali, Cartagena de Indias, Pereira, Santa Marta, Bucaramanga, Cúcuta, Montería, San Andrés, Villavicencio, Pasto y Leticia con las aerolíneas Avianca, Easy Fly, Satena, Latam y Viva Air.

En ese sentido, hasta el momento el único destino que exige contar con una prueba negativa de COVID-19 es la isla caribeña de San Andrés, la cual debe ser realizada máximo 48 horas antes del viaje, mientras que para el resto de las ciudades este documento no es un requisito.

El gerente de Opain manifestó que en esta etapa la clave principal es el autocuidado.

Expresaba su esperanza en que las personas fuesen responsables, y no se aglomeraran. Agregó que los viajeros deben llevar el tapabocas cubriendo nariz y boca tanto en la terminal aérea como en el avión.

Igualmente señaló que no está permitida la entrada a El Dorado de visitantes o acompañantes, a menos que sea estrictamente necesario, y que los viajeros deberán hacer el «check-in» en línea desde sus casas.

Si llevan maletas en la bodega, los viajeros acudirán a un autoservicio de chequeo de equipaje, en el que no tendrán contacto con nadie.

Han realizado la coordinación con todas las entidades y organizaciones que prestan servicios en el Aeropuerto El Dorado para que los viajeros cuenten con un equipo de personas destinadas a facilitar su experiencia y a garantizar que su paso por el aeropuerto sea seguro y cómodo, teniendo como prioridad la salud, explicó Ortega.

En ese sentido, detalló que, como parte del estricto protocolo de bioseguridad para los viajeros, el aeropuerto ahora cuenta con 1.200 dispensadores de gel antibacterial, 522 lavamanos, 40 de ellos portátiles y ubicados en las zonas públicas, 40 tapetes de desinfección de zapatos y 137 cubos de basura.

La reapertura de El Dorado impulsará gran parte de la economía nacional y la reactivación de los sectores productivos del país. Sin duda, el inicio de operaciones del aeropuerto es una gran noticia para todos los colombianos que podrán realizar sus desplazamientos por el país de una manera segura, concluyó Ortega.

Presidente sanciona ley que permite establecer EMMA, para atraer inversiones y generar empleos en el país

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En presencia de los dirigentes de los principales gremios empresariales del país, el presidente de la República, Laurentino Cortizo, sancionó en la Zona Libre de Colón (ZLC) la ley que crea el régimen especial para el establecimiento y operación de empresas multinacionales para la prestación de servicios relacionados con la manufactura (EMMA), que busca atraer inversiones y crear empleos en el país.

Cortizo, quien estuvo acompañado del vicepresidente y ministro de la Presidencia, José Gabriel Carrizo, destacó que “después de 62 días estoy sancionando esta ley que es un gran logro y una gran oportunidad para atraer buenas empresas a Panamá”.

La nueva ley forma parte de las doce acciones de la primera fase del Plan de Recuperación Económica que, el pasado 1 de julio, anunció el mandatario en su informe a la Nación ante la Asamblea Nacional.

Junto al ministro de Comercio e Industrias (MICI), Ramón Martínez, el mandatario firmó la nueva ley que atraerá inversiones de empresas multinacionales que establezcan en Panamá fábricas y plantas de producción para llevar sus mercancías a países de la región.

La sanción se dio en presencia del presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP), Julio De La Lastra; el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), Jean Pierre Leignadier; el presidente del Sindicato de Industriales de Panamá (SIP), Aldo Mangravita y Edwin Chen, presidente de la Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón.

Cortizo Cohen dijo que el Plan de Recuperación Económica anunciado al país sigue avanzando con la sanción de la ley de EMMA, así como la que firmó el fin de semana en Azuero, denominada Mejorando Mi Negocio, la cual aumenta el capital semilla para microempresarios de B/.1,000 a B/.2,000, no reembolsables, y del cual el 70% de los beneficiarios son mujeres.

Dentro de otras acciones que se han puesto en marcha, el presidente también mencionó el programa Banca de Oportunidades, dirigido a micros, pequeños y medianos empresarios; el Plan Recuperando Mi Barrio, en el Panamá de los barrios; el Plan Agro Solidario, que ayuda a los pequeños productores; y el Fondo Especial para el Fortalecimiento del Crédito.

El presidente informó de que ya hay empresas interesadas en establecerse con los beneficios de este nuevo régimen especial, y que a través de Pro Panamá se han hecho acercamientos con varias multinacionales del sector manufacturero.
“Tenemos que sacarle provecho a ser el país con mejor conectividad en la región y salir a decirle al mundo que Panamá es la mejor opción para que vengan buenas empresas”, destacó Cortizo Cohen.

Resaltó que es positiva la transparencia con que el país maneja los indicadores de la pandemia, aumentando la cantidad de pruebas y “sin maquillar” cifras de los casos, para que las empresas multinacionales se instalen en el país sin temor.

El presidente del CoNEP, Julio De La Lastra, destacó que la sanción de esta ley es de importancia en estos momentos porque, bien ejecutada, puede convertirse en un vehículo para la recuperación económica del país.

El titular del MICI, Ramón Martínez, dijo que las empresas que se instalen bajo este régimen especial deberán asumir el compromiso de transferir tecnología y desarrollar la creación de un centro de enseñanza técnica para el adiestramiento del personal nacional, a fin de integrar la fuerza laboral panameña que se vaya a requerir.

La nueva legislación impulsa el establecimiento de empresas multinacionales de manufactura, manufactura ligera y de ensamblaje, que conllevan la contratación directa de mano de obra, lo que impulsará la generación de empleos y el crecimiento económico del país para salir de la crisis causada por la pandemia.

La ley está basada en el éxito que se ha tenido con el régimen sede de empresas multinacionales (SEM), que ha permitido la instalación de 158 compañías de este tipo y creado más de 7 mil puestos de trabajo, así como inversiones por el orden de los 1,200 millones de balboas.

Las empresas que se instalen bajo el nuevo régimen especial EMMA gozarán de los beneficios e incentivos fiscales, laborales, migratorios y aduaneros, además de capitalizar las bondades de los regímenes especiales ya existentes en las zonas francas de Colón y Panamá Pacífico, entre otras.

Al acto también asistieron la ministra Trabajo y Desarrollo Laboral, Doris Zapata; el gerente la ZLC, Giovanni Ferrari; la gobernadora de Colón, Irasema de Dale; el alcalde de Colón, Alex Lee; el obispo de la Diócesis de Colón y Guna Yala, Manuel Ochogavía; diputados y representante corregimiento.

Gobierno firma acuerdo con telefónicas para asegurar conectividad a clientes afectados por la pandemia

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Con el aval de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) por el Gobierno Nacional, los operadores de telecomunicaciones firmaron un acuerdo diseñado para asegurar la conectividad a aquellos clientes afectados por la crisis sanitaria que estén imposibilitados económicamente para acceder a los paquetes comerciales ofrecidos en el mercado.

En adición al Plan Educativo Solidario, a partir del 14 de septiembre y hasta el 31 de diciembre de 2020, Tigo – Cable Onda, S.A., Cable & Wireless Panamá, S.A., Claro Panamá, S.A. y Digicel Panamá, S.A., ponen a disposición de esos clientes, paquetes especiales de servicios móviles residenciales de televisión, cable y telefonía.

La firma tuvo lugar en el Salón Paz del palacio presidencial y contó con la participación del presidente de la República, Laurentino Cortizo; del vicepresidente, José Gabriel Carrizo, y de los más altos representantes de estas cuatro telefónicas que operan en el país.

El presidente Cortizo dijo que esto va a significar un gran alivio para los panameños que se han visto afectados por la difícil situación sanitaria, social y económica que sufre el país a consecuencia de la pandemia.

Los Planes Solidarios representan una buena noticia que, sumados al Plan Educativo Solidario que permite acceso gratuito a internet a estudiantes del sector público, beneficiarán a la población más golpeada por esta crisis, sostuvo Cortizo, quien además agradeció a los gestores del acuerdo, en nombre del Panamá de la clase media, el Panamá de los barrios, el Panamá agrícola y rural y el de las comarcas, esta noble acción que es ejemplo de solidaridad para sacar al país adelante y hacer patria.

Los clientes de telefonía prepago recibirán un paquete gratuito básico mensual denominado Plan Solidario Prepago, de 200 mensajes de texto (SMS) y 100 minutos de voz dentro de la red de su operador.

Los clientes postpago podrán optar por el Plan Básico Solidario, que ofrece gratis 250 minutos de voz y 250 mensajes de texto dentro de la red de su operador o el Plan Solidario Plus, que tiene un costo mensual de B/.7.00 e incluye 500 minutos de voz y 250 mensajes de texto dentro de la red de su operador, más 1.5 GB para datos.

Estos planes no tienen restricciones de llamadas y mensajes de texto entrantes y ofrecen acceso gratuito a las siguientes páginas web:

Los usuarios que no puedan realizar los pagos de sus facturas vencidas de televisión residencial recibirán un servicio básico gratuito que incluirá canales de TV locales, mientras que los usuarios de internet residencial recibirán un servicio básico gratuito de internet de hasta 2 Megas que les permitirá continuar conectados, y los usuarios de telefonía residencial recibirán un servicio básico gratuito de telefonía, con el cual podrán realizar llamadas nacionales a otros números fijos.

El Acuerdo de Telecomunicaciones Solidarias fue firmado por Ana Patricia Salazar, presidenta de Digicel Panamá; Rodrigo Diehl, presidente de TIGO; Julio Spiegel, presidente de C&W; Antonio García, presidente de Claro; y Luis Powell, en representación de Armando Fuentes, administrador de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP).

En nombre de las operadoras, Julio Spiegel, presidente de Cable & Wireless, dijo que se han unido con un solo propósito: brindar herramientas y plataformas necesarias de conectividad a aquellos que más lo necesitan en momentos tan difíciles como este, tanto para ellos como para el país, a causa de la pandemia.

En medio de la crisis por la COVID-19, que ha afectado profundamente a nuestro país, las empresas de telecomunicaciones tienen la misión de hacer nuestra sociedad más humana, donde la transformación de la vida de personas, en una situación extraordinaria y totalmente inesperada, cobra hoy más relevancia que nunca, señaló Spiegel.

También participaron en el acto el vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo; el diputado Marcos Castillero, presidente de la Asamblea Nacional; Luis Oliva, administrador de la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG); los diputados Raúl Pineda y Zulay Rodríguez. Además, los diputados presidentes de distintas bancadas de la Asamblea Nacional: Ricardo Torres, del Partido Revolucionario Democrático (PRD); Manolo Ruíz, del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena); Yanibel Ábrego, de la bancada de Cambio Democrático (CD); Pedro Torres, de la bancada Panameñista y Edison Broce, de la bancada independiente.

Abogado Fuentes Montenegro califica como graves las denuncias sobre organismos paralelos de investigación

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Tanto la denuncia sobre el funcionamiento de una “Procuraduría Paralela”, que presumiblemente funcionaba durante el gobierno del expresidente Juan Carlos Varela, como aquella que asegura que esta se habría transformado en un supuesto “Consejo de Seguridad Paralelo”, deben ser investigadas por la autoridades del Ministerio Público, debido a la peligro que esto representa; aseguró el abogado internacionalista y exasesor jurídico en el Consejo de Seguridad, Luis Fuentes Montenegro.

Lo denunciado por el señor Camacho, es una aseveración que debiera tomarse como «noticia criminis». Debe ser citado,  a fin de que pueda formalmente aportar los elementos probatorios que secunden sus aseveraciones. A partir de dicha diligencia, se deben iniciar las averiguaciones que corresponden; indicó el jurista.

Para Fuentes Montenegro, hablar de una Procuraduría paralela y de un Consejo de Seguridad Paralelo, es un asunto muy serio, pues implica, por un lado el ejercicio ilegal de funciones y atribuciones públicas reguladas por ley, por otro lado que roles de instituciones se llevan a cabo por particulares, al margen de ley. En ambas hipótesis hay gravedad y la institucionalidad del país debe salvaguardarse.

A pregunta de La Gaceta de Panamá, si en base a su experiencia como asesor jurídico en el Consejo de Seguridad,  podía hablarnos de antecedentes similares, el abogado aseguró “antecedentes de constituir el Consejo de Seguridad en una especie de Procuraduría o de supra fiscalía, nunca. Por ello es una situación que debe investigarse por el Procurador General de la Nación a fin de determinar la existencia o no de esas acciones y aplicarse las sanciones más rigurosas si resultan comprobadas”.

El abogado, lamentó que: “en los últimos años se ha acentuado un criterio y un funcionamiento del Consejo de Seguridad que cada vez se separa más de la concepción por la cual ese estamento fue creado. En vez de una entidad que debe actuar dentro del marco de la constitucionalidad y del debido respeto a los derechos humanos, valorando desde un análisis multidisciplinario sobre situaciones de vulnerabilidad del Estado de Derecho, de riesgos a la institucionalidad y ante factores de probables crisis; En ese marco degenerativo, los hechos dados en el periodo del señor Varela Rodríguez, son ejemplo de esa tergiversación de roles, de degeneración institucional”.

El Consejo de Seguridad ni antes, ni ahora ni después, puede ni debe ser una entidad para influenciar en la administración de justicia, menos armar pruebas, ni armar expedientes. Eso no solo es ilegal, es delictivo. La estructura de un Consejo de Seguridad no es para perseguir adversarios políticos, no es para inventarle delitos a ningún ciudadano, si incurre en ello, eso debe ser investigado minuciosamente desde el ámbito jurídico penal, pues los propósitos y objetivos fueron vulnerados; enfatizó el abogado internacionalista y ex asesor jurídico del Consejo de Seguridad.

La Gaceta