El Consejo de Gabinete, en sesión extraordinaria encabezada por el presidente de la República, Laurentino Cortizo, aprobó instruir al Ministro de Comercio e Industrias a que ordene a Minera Panamá S.A., la suspensión de operaciones en el proyecto Cobre Panamá luego de que la empresa no cumplió con los compromisos acordados en enero de 2022 para lograr un contrato «razonable y satisfactorio» para el pueblo panameño.

La Resolución No.144-22, aprobada de manera unánime instruye al titular del MICI a adoptar las medidas administrativas de conformidad con el Código de Recursos Minerales, con el propósito de ordenar a Minera Panamá, S.A., que establezca y ejecute un plan de preservación y gestión segura, (cuido y mantenimiento), es decir, cese de operaciones en el proyecto Cobre Panamá.

También instruye al titular de MiAmbiente a adoptar las medidas para que supervise, controle y fiscalice el cumplimiento de las disposiciones ambientales en el proyecto minero.

La resolución instruye a la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, a efectos de que de que supervise, vele y verifique el cumplimiento de las disposiciones aplicables a la relación laboral existente entre los trabajadores del proyecto Cobre Panamá y la empresa Minera Panamá, S.A., y tomar las acciones que sean requeridas y necesarias para garantizar el mantenimiento de la fuente de empleo y la protección de prestaciones laborales de los trabajadores del mencionado proyecto minero.

La Resolución establece que entrará a regir a partir de su promulgación en la Gaceta Oficial.

Todas las medidas administrativas adoptadas por los ministros de Comercio, Ambiente y Trabajo buscan dar cumplimiento a lo resuelto en el fallo del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, mediante el cual se declaró que es inconstitucional la Ley 9 de 26 de febrero de 1997, por el cual se aprobó el contrato- Ley celebrado entre el Estado panameño y la sociedad Minera Petaquilla, S.A., hoy Minera Panamá, S.A.

El 17 de enero de 2022, Minera Panamá, S.A., a través de una carta firmada por Manuel Aizpurúa y dirigida al entonces titular del MICI, Ramón Martínez, manifestó que considera razonable un aporte anual mínimo de B/.375 millones. «En ese sentido, aceptamos la propuesta del Gobierno Nacional, a la vez que solicitamos se brinden las protecciones necesarias con el fin de que se salvaguarde la continuidad de la operación durante la vigencia del proyecto», agregó la misiva de la empresa.

Bajo este compromiso, el Estado panameño mantuvo conversaciones de buena fe con Minera Panamá, S.A., con el propósito de concluir una redacción final de un nuevo contrato de concesión minera acorde con los términos negociados, con el objetivo de garantizar el bienestar social y el interés público, la preservación de miles de empleos directos e indirectos que genera la actividad en el proyecto Cobre Panamá, asegurar el crecimiento del producto interno bruto y coadyuvar con la reactivación económica del país.

A la fecha, y no obstante los esfuerzos y la buena fe puesta de manifiesto por el Gobierno Nacional, la empresa no ha accedido a suscribir el nuevo contrato de concesión que respete el compromiso hecho por la empresa en enero de 2022, en el sentido de garantizar al Estado un ingreso mínimo de B/.375 millones, entre otros beneficios como producto de la explotación del proyecto minero.

La Resolución sustenta que el artículo 257 de la Constitución Política de la República de Panamá señala que las riquezas del subsuelo pertenecen al Estado y podrán ser objeto de concesiones o contratos para su explotación, mientras que el artículo 259 del propio texto fundamental dispone que las concesiones se inspirarán en el bienestar social y el interés público.

El citado Contrato Ley entre el Estado y Minera Petaquilla, S.A., hoy Minera Panamá, S.A., otorgó derechos exclusivos a la empresa para explorar, explotar, beneficiar, procesar, refinar, transportar, vender y comercializar todos los minerales base o preciosos en cuatro zonas que totalizan 13,600 hectáreas, ubicadas en los distritos de Omar Torrijos Herrera y Donoso, en la provincia de Colón.

La jueza tercera liquidadora de causas penales del Primer Circuito Judicial de Panamá, Baloísa Marquínez, mediante el Auto N.° 23 de 9 de diciembre de 2022, decretó la apertura de causa criminal al expresidente de la República Ricardo Martinelli, por la presunta comisión del delito contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales en el denominado caso “New Business”.

En conoció que, se fijó como fecha de audiencia principal del 17 al 28 de abril de 2023, y como fecha alterna del 23 de mayo al 5 de junio de 2023, ambas audiencias a las 9:00 a.m. Asimismo, se designó un defensor del Instituto de la Defensa Pública, en el evento de que no comparezca la defensa técnica particular del expresidente de la República.

Marquínez, luego de realizar el examen del sumario, manifestó que las constancias procesales incorporadas establecieron la existencia de delitos precedentes que acreditan que los fondos investigados tenían procedencia ilícita. Asimismo, el tribunal estableció la vinculación del expresidente de la República con el delito de blanqueo de capitales, por lo cual, decreta la apertura de causa criminal como presunto infractor de las disposiciones legales contenidas en el Título VII, Capítulo IV, Libro II, es decir, por el delito de blanqueo de capitales.

Igualmente, la jueza negó un incidente de nulidad por violación al fuero penal electoral, que había sido presentado por la defensa técnica particular. Además, se estableció el periodo común de cinco días para que las partes aduzcan las pruebas que estimen conveniente.