Una denuncia penal por presunto delito de concusión, tráfico de influencia y blanqueo de capitales contra directivos de Active Capital Internacional, Inc. y Credicorp Bank, S. A., fue interpuesto este miércoles, 24 de mayo, en la Procuraduría General de la Nación (PGN) por el abogado Sidney Sittón, quien advirtió que estas empresas, supuestamente, no solo guardarían información “sensitiva” sino que no han sido incluidos en las investigaciones que realiza la Fiscalía Especial Anticorrupción para esclarecer el escándalo del pago de sobornos de Odebrecht.

“Estamos presentando una denuncia penal contra dos empresas que no han sido objeto de investigación en el expediente de la Fiscalía Especial Anticorrupción. Credicorp Bank, dicho por Fernando Migliaccio en su delación que ha trascendido a los medios de comunicación, cobraba el 2% de los sobornos que ellos recibían y transferían a través del banco. La denuncia penal es por concusión, tráfico de influencia y blanqueo de capitales en contra de Raymon Harari y la directiva de Credicorp Bank. También estamos presentando denuncia por los mismos delitos en contra de Active Capital International, cuyo presidente representante legal es el señor David Plata”, informó el abogado Sittón.

La denuncia presentada por Sittón menciona, además de Harari como presidente de Credicorp Bank, S. A., a Roberto Ford (secretario) y Abraham Btesh Abadi (Tesorero) como miembros de la junta directiva del banco. Asimismo, en el caso de Plata, como presidente de Active Capital International, Inc., menciona a Nelly Hernandez (secretaria) y Francisco Zambrano (Tesorero) como miembros de esta empresa. “Hasta el 2010 cuando Odebrecht compra el Meinl Bank en Antigua y Barbuda, el banco por donde se canalizaron más de 300 millones de dólares de pagos de soborno fue el Credicorp Bank”, indicó.

El presidente de la República, Juan Carlos Varela, sancionó este martes la Ley de Fomento Industrial que moderniza el sector y crea el Programa Nacional de Competitividad Industrial para lograr mayor diversificación y su vinculación a mercados internacionales generando empleos y desarrollo económico.

Durante el acto, celebrado en el Salón Fernando Guardia Jaén de la Cancillería, el Mandatario destacó el trabajo de dos años entre el Gobierno y la empresa privada al señalar que “esta Ley se trabajó construyendo consensos, articulando voluntades, examinando propuestas y sustentando análisis del sector industrial para compartir visiones del futuro desarrollo del sector al que aspiramos”.

De acuerdo con el Gobernante, con esta norma se ha dado un paso importante en el camino de lograr una política industrial de Estado e incluye medidas firmes para mejorar la industria y hacerla más competitiva acorde a las exigencias de los mercados internacionales y prepararla para aprovechar el ‘Hub Logístico de Panamá’ y los Tratados de Libre Comercio.

“Con una industria más competitiva podemos tener mayor capacidad de abastecer el mercado local, y así incidir en la balanza comercial, logrando que el país necesite menos importaciones y a la vez pueda exportar más”, afirmó el Jefe de Estado.

El presidente Varela también manifestó que con el nuevo Programa Nacional de Competitividad Industrial se asegura –a largo plazo- su manejo como un Programa-País, que aborde todos los temas que hoy afectan a las industrias y permita su segura expansión.

Actualmente, el sector industrial representa el 5.0% del Producto Interno Bruto de Panamá y es el eslabón del segmento productivo que más aporta a la economía nacional, ocupando el cuarto lugar entre los sectores generadores de empleo, con un 7% del total de empleos en el país.

Además, de acuerdo con cifras del Ministerio de Comercio e Industrias, el 50% del total de la producción industrial nacional corresponde al sector de alimentos y bebidas, lo que posiciona a este sector en un nivel relevante que contribuye a garantizar la seguridad alimentaria nacional.

Por su parte, el titular del MICI, Augusto Arosemena, afirmó que “es un día importante para el sector industrial porque con esta nueva ley podremos ser más competitivos y hasta convertirnos en una potencia manufacturera en la región”.

Mientras que el presidente del Sindicato de Industriales de Panamá, Michael Morales, indicó que “es una de las mejores leyes a nivel regional que nos motiva a invitar a nuevos inversionistas tanto locales como extranjeros y será un paso importante en el rescate del sector productivo del país”.

Alcance y beneficios de la Ley:

• Creación del Programa Nacional de Competitividad Industrial: Coordinación interinstitucional de los actores público y privado vinculados a la industria de manufactura y agroindustria para diseñar y ejecutar planes que favorezcan el desarrollo del sector y la promoción de las exportaciones panameñas.

• Se crea Registro de la Industria Nacional: Generación de estadísticas que permitirán la obtención de indicadores de desempeño para evaluar el crecimiento del sector.

• Incremento del Certificado de Fomento Industrial (CFI). De 25% y 35% pasa a 40%. Crédito fiscal por el cual se reconoce el 40% de la inversión en Investigación y Desarrollo, incremento de capacidad productiva, capacitación de personal, inversión y reinversión, sistemas de gestión y aseguramiento de la calidad y de gestión medioambiental y el incremento del empleo asociado a la producción. Se agilizará la emisión CFI a menos de 90 días calendarios.

El ministro de la Presidencia Álvaro Alemán salió al paso de las declaraciones del presidente Juan Carlos Varela, aduciendo que «pueden criticar todo lo que quieran», pero él tiene la potestad de hacer donaciones al colegio privado donde estudio.

Alemán sostuvo en el programa de opinión Radar de TVN que «el presidente tiene todo el derecho de dar apoyo a servicio social javeriano», ello por considerar que se trata de su alma máter.

El ministro Alemán dijo que «no puedo pasar ataques a mi glorioso Colegio Javier», y tanto él como el presidente y muchos de los miembros de este Gobierno son javerianos a mucho orgullo.

«El presidente Varela tiene todo el derecho de apoyarlo y yo lo respaldo plenamente», sostuvo el titular de la Presidecia en alusión a los dos últimos desembolsos a favor del colegio por el orden de los 80,000 dólares.

En el mismo programa, juristas y analistas sociales criticaron que es cuestionable el manejo de este fondo, existiendo otros problemas en colegios públicos.

A la fecha el colegio Javier no se ha pronunciado al respecto.

La vicepresidenta de la República Isabel Saint Malo recordó al embajador de Venezuela en Panamá Jorge Durán Centeno, que el Panamá se respeta la libertad de palabra, luego de que éste criticara a los usuarios de las redes sociales que critican la situación política de el país sureño.

«La embajada de La República Bolivariana de Venezuela en Panamá, evaluó conducta agresiva en usuarios por redes sociales; hay que identificarlos», arremetió en Twitter el diplomático venezolano.

Esto produjo que la canciller panameña saliera al paso de dicho comentario para aclarar que en Panamá las ideas se respetan, y cuentan con libertad de palabra.

«Sr. embajador, como diplomático usted tiene mi respeto, pero es bueno saber que en Panamá respetamos libertad de expresión y derecho a disentir», dijo Saint Malo en Twitter.

Las palabras del enviado de Nicolás Maduro causó incluso preocupación entre diversos sectores, y provocó otras reacciones como la de el exembajador de Panamá ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Guillermo «Willy» Cochez, quien explicó que ninguna autoridad extranjera puede investigar en nuestro país.

«Asume funciones que no le corresponden y atemoriza a la población; quiere investigar algo, tiene que ponerlo en conocimiento del Ministerio Público de Panamá», instruyó Cochez.