Los ministros de Gobierno y Seguridad Pública, presentaron ayer martes un informe conjunto de las investigaciones administrativas realizadas en el Centro Penitenciario La Joyita, relacionadas con los hechos del pasado 17 de diciembre de 2019, en el cual 13 privados de libertad fallecieron y 14 resultaron heridos.
El Presidente Cortizo, dio dos semanas a los ministros para que investigaran y rindieran un informe sobre la reyerta de la Joyita. La investigación dejó una destitución y tres procesos administrativos.
Mirones enumera deficiencias y deterioro del complejo penitenciario
Rolando Mirones, ministro de Seguridad enumeró las deficiencias y el deterioro que ha registrado el Complejo Penitenciario La Joya, que incluye los Centros Penitenciarios La Joya, La Joyita y La Nueva Joya, que operan donde hace años funcionó el Fuerte Cimarrón.
Destacó la falta de mantenimiento en las cercas perimetrales, torres de vigilancias deterioradas, pabellones inadecuados, falta de luminarias y cámaras de vigilancia, sistema eléctrico defectuoso, ausencia de arcos de detección de metales y escáneres para revisión.
Mirones mencionó la ausencia de un sistema de bloqueador de teléfonos móviles, falta de personal de custodios y policías de seguridad interna y externa, la construcción de urbanizaciones y el precarismo en las proximidades del complejo.
Dijo que en el pabellón 14 de La Joyita se ubicó una fosa conocida como “el sarcófago”, la cual tenía una cubierta de cemento y 2.5 metros de profundidad y 2 metros cuadrados de áreas, donde los reos se movilizaban y alojaban armas, artículos electrónicos y drogas ilícitas.
Se trata de estructuras que fueron terminadas hace más de dos años y cuya construcción tomó varios meses, y requirió el movimiento de tierra, equipos y materiales, además de conocimiento de ingeniería.
“Lo que se realizó ahí fueron obras de ingeniería que se hicieron con mucho tiempo e implicó la participación de muchas personas y especializado”, afirmó Mirones, quien reiteró que ambos ministerios hicieron una investigación administrativa y corresponde al Ministerio Público hacer las penales.
En ese sentido -destacó Mirones- el Ministerio Público ya ha imputado a doce personas. “Hay temas que no podemos tratar por las reservas del sumario, y todo lo que hace el Ministerio Público es producto de la información que le hemos proporcionado”, subrayó.
Romero: el sistema penitenciario está degenerado
Por su parte, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo que se encontró un sistema penitenciario degenerado, permisivo, con muy pocos controles y deficientes programas de resocialización.
Agregó que a Walter Hernández y Luis Gordón, director y subdirector del Sistema Penitenciario, quienes habían sido separados del cargo, no se le encontraron elementos de prueba para apertura de procesos disciplinarios administrativos.
Dijo que se destituyó a la directora encargada del Centro Penitenciario La Joyita, Alexandra Vence; e inició un proceso administrativo disciplinario, de carrera, por el posible grado de responsabilidad del custodio Javier Carter, jefe de Seguridad Interna, por posible omisión en tomar medidas preventivas antes de los hechos.
Se inició un proceso administrativo disciplinario al jefe de Seguridad Externa de La Joyita, Ismael Arguelles, por el posible grado de responsabilidad, al ser una de las personas responsables de adoptar las medidas para evitar el ingreso de objetos prohibidos al penal.
Igualmente, se inició proceso administrativo disciplinario, de carrera, por el posible grado de responsabilidad al subcomisionado José Vidal Franco Calderón, por una posible omisión en tomar medidas preventivas antes de los hechos.
También, el ministro Romero informó que al comisionado José Melamed, al subcomisionado Alberto Correa y al cabo primero Roberto Pinto, a quienes se le aplicó la separación del cargo, no se le encontraron elementos de prueba para formularles cargos disciplinarios por el hecho investigado.
Romero indicó que los resultados de las investigaciones fueron remitidos a las instancias encargadas de velar por la responsabilidad de sus miembros, por parte de la Policía Nacional en la Dirección de Responsabilidad Profesional y Junta Disciplinaria, y por parte de la Oficina de Investigación Administrativa del Ministerio de Gobierno.
Recomendaron presentar ante la Asamblea Nacional el proyecto de Ley que crea el Servicio de Seguridad Penitenciara, la estricta selección del personal que formará parte de la organización y la confección de manuales de procedimientos operativos y administrativos que faciliten la gestión de los centros penitenciarios.
Romero dijo que se recomendó mejorar las estructuras y equipamiento tecnológico, para la seguridad y suministro de servicios básicos en las instalaciones penitenciarias; mientras que la Fuerza Pública deberá mantener el refuerzo del pie de fuerza en las instalaciones del Complejo, hasta tanto se organice el Servicio de Seguridad Penitenciaria.
