Ciudad de Panamá, (EFE).– El Partido Revolucionario Democrático (PRD) fue multado este viernes con 50,000 dólares por realizar en plena pandemia una reunión en un restaurante, lo que generó indignación en la ciudadanía así como pedidos de «mano dura» contra los políticos y que se respete el derecho a la manifestación pacífica.

«Mano dura, es un irrespeto al país, a la autoridad, al pueblo y a todas las familias de fallecidos por la pandemia!», escribió en sus redes sociales el doctor Xavier Saens-Llorens, uno de los asesores del Ministerio de Salud en el manejo de la crisis sanitaria, que en Panamá deja ya al menos 23.351 contagios confirmados y 475 muertos.

El escándalo surgió porque los diputados y directivos del Partido Revolucionario Democrático (PRD), con mayoría parlamentaria y al que pertenece el presidente del país, Laurentimo Cortizo, celebraron el jueves una reunión en un restaurante pese a que esos locales tienen prohibido recibir público desde mediados de marzo pasado debido a la pandemia.

«Resulta imposible superar el nivel de hastío e indignación al ver cómo los administradores de un tradicional restaurante con conocidos vínculos a un partido político se burlan de un país entero (…) es una bofetada cargada de arrogancia hacia las empresas que estamos sufriendo y perdiendo todo desde el 11 de marzo», consideró este viernes la asociación panameña de dueños de restaurantes, bares y discotecas.

El Ministerio de Salud (Minsa) informó este viernes de que impuso multas de 50.000 dólares tanto al PRD como al restaurante Parrillada Jimmy por «infringir las normas de salud decretadas ante el estado de emergencia nacional» debido a la pandemia.

«El Minsa insta a la población a no exponerse a aglomeraciones que pueden poner en mayor riesgo su salud en función a la exposición del virus COVID-19 y al incremento de casos que se vienen registrando en el país que requieren que todos unidos hagamos el mejor esfuerzo para salvar vida», agregó la autoridad en un comunicado.

Un centenar aproximadamente de manifestantes llegó anoche hasta las puertas del restaurante para tocar cacerolas pese a que rige un toque de queda nocturno en el país y, solo en la capital y en una provincia contigua, una restricción a la movilidad por género y número de identidad personal.

El experto constitucionalista Ernesto Cedeño le dijo a Efe este viernes que era claro que los ciudadanos que llegaron a las afueras del restaurante a protestar no debían ser sancionados pues existe un «derecho legítimo» a la protesta establecido en la Constitución.

Al partido de Gobierno «le valió muy poco la norma sanitaria y pensaron que a ellos nada les va a pasar, pero ya el pueblo lo que está es sediento de justicia», opinó el abogado.

La directiva del PRD explicó este viernes en un comunicado que se escogió el restaurante porque sus dimensiones garantizaban las medidas de distancia social, ofreció «disculpas» a la ciudadanía y a los dueños del local y dijo que aceptará las consecuencias de la investigación.

El pleno legislativo aprobó en tercer debate el Proyecto de Ley No.287, mejor conocido como «Ley de Moratoria», que dicta medidas económicas y financieras para contrarrestar los efectos del COVD 19 en la República de Panamá.

La iniciativa, busca beneficiar aquellos panameños que se les ha suspendido o cesado sus contratos laborales, dándole un periodo de gracia hasta el 31 de diciembre 2020, para pagar sus compromisos económicos con los bancos, financieras y cooperativas.

La proponente del documento, la diputada Zulay Rodríguez, manifestó que la banca no está de acuerdo con el proyecto, pero se legisla a favor de los panameños que necesitan de una moratoria.

Se conoció que el Artículo 3 del proyecto, señala que una vez vencido el término de la moratoria establecido en la presente ley, los acreedores, de común acuerdo con el deudor, deberán establecer los mecanismos necesarios para que el deudor cliente pueda retomar, a través del refinanciamiento o prorrateo de sus compromisos, sin que ello conlleve el cobro de recargos por mora o cualquier otro pago en concepto de gastos administrativos, ni afectación en su referencia de crédito.

El proyecto destaca en su Artículo 5 que, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos deberá adoptar medidas con los prestadores de servicios públicos para que, a las radioemisoras nacionales, dentro de la declaratoria de emergencia y en cumplimiento de su función social de informar a la población, se les pueda otorgar una moratoria del pago por noventa días prorrogables.

Las las entidades bancarias, cooperativas o financieras no podrán efectuar cobros, aumentar las tasas de interés aplicadas, recargos o cualquier tipo de interés por falta de pago, pago atrasado o por cualquier otro motivo.

La Superintendencia de Bancos, el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo, el Ministerio de Comercio e Industrias y demás autoridades competentes, estarán obligados a velar por su estricto cumplimiento y aplicarán las sanciones establecidas.

De ser sancionado por el Presidente, la Ley aplicará a todos los trabajadores a quienes se les haya reducido su jornada laboral con disminución de su salario, suspendido o cesado su contrato laboral, así como a las personas naturales, jurídicas o independientes que hayan reducido o cerrado operaciones, producto de la pandemia del COVID 19.