Una eventual proceso constituyente, una vía que impulsan algunos sectores de la sociedad civil para reformar la Carta Magna ante el denominado «colapso institucional» en el país, tendría un costo de al menos 47 millones de dólares, dijo este martes (18.05.2021) el Tribunal Electoral (TE).

La institución electoral informó de que calcula que requerirá cerca de 22 millones de dólares para organizar la elección de los 60 miembros de la Asamblea Constituyente Paralela, un mecanismo contemplado en la Constitución creada en 1972, durante en el régimen militar (1968-1989), y reformada en cuatro ocasiones, la última en 2004.

El Tribunal Electoral indicó que se necesitarán otros 10 millones de dólares para la instalación de la Asamblea Constituyente, y entre 15 y 20 millones de dólares para el referendo al que se someterá la nueva Constitución que emane de ese cuerpo.

Dos grupos civiles impulsan, mediante la recolección de firmas, la instalación de la Constituyente Paralela, un ente que trabajaría a la par de los poderes constituidos y cuyas decisiones no tendrán efectos retroactivos.

El Movimiento de Justicia Social ya está autorizado por el Tribunal Electoral para recoger las firmas y comenzó a hacerlo el pasado 5 de mayo, mientras que el Movimiento Panamá Decide está a la espera del permiso correspondiente.

La ley panameña establece un plazo de seis meses para recabar las firmas de un 20 % del padrón electoral, es decir, unas 580,742, para respaldar la elección de una Asamblea Constituyente Paralela, que una vez constituida tendrá seis meses para hacer su trabajo.

El TE debe acoger la iniciativa y convocar la elección de los 60 miembros de la Constituyente en un plazo no menor de tres meses y no mayor de seis meses desde formalizada la solicitud respaldada por las firmas.

En total, todo el proceso tomaría alrededor de dos años, dijo el presidente del TE, Heriberto Araúz.

Para los promotores de la Constituyente, esta vía de reforma es un imperativo ante una «institucionalidad fallida» en Panamá, que requiere un nuevo contrato social para fortalecer y garantizar una marcada separación e independencia de los tres poderes del Estado.

Con información de Agencia EFE.

El cantautor y otrora político panameño Rubén Blades afirmó que el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, lucha contra un sistema de alianzas «corrupto» parecido al que existe en Panamá y en otros países latinoamericanos.

«Lo que ocurre en El Salvador, corrupción en el poder administrativo, es parecido a lo que ocurre en Panamá y en muchos países latinoamericanos», señaló el también exministro panameño de Turismo en un extenso escrito difundido en sus redes sociales este domingo.

El autor de «Pedro Navaja» dijo que, en Panamá «la percepción nacional es que el Poder Legislativo y el Poder Judicial están, o en manos y al servicio de la corrupción, o la toleran», y la «impunidad de los actos dolosos está garantizada» porque solo los jueces del Supremo pueden investigar a los diputados y viceversa y «ninguno investiga al otro».

«A pesar de esta evidencia de alianza corrupta, en Panamá y otros países se continúa defendiendo el mito de una supuesta separación de poderes y negando su efecto nocivo en la institucionalidad, como si efectivamente no estuviesen el pueblo y la estructura administrativa rehenes de la corrupción de los que ocupan y dirigen al país», expresó.

Blades refutó las denuncias de sectores salvadoreños, de representantes de organismo internacionales y de algunos Gobiernos de que Bukele ha socavado la democracia y roto la separación de poderes en El Salvador tras la destitución de los jueces del Supremo y del fiscal general por el nuevo Parlamento del país, de amplia mayoría oficialista.

«La ‘separación de poderes’ no existe en un país controlado por la corrupción», afirmó, y recalcó que «fue un Congreso debidamente electo democráticamente el que expidió la orden destituyendo a los magistrados».

Argumentó que, en el caso de El Salvador, hay pruebas de que la corrupción es un problema «institucional y no se limita a un solo grupo ideológico», ya que ha envuelto tanto a funcionarios del partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha) como del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMNL, izquierda) que dominaron el poder político tras el fin de la guerra interna en 1992.

Blades también rechazó que se compare a Bukele con el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, quien «desconoció a un Órgano Legislativo electo por el voto popular, porque ese poder era contrario a su ambición dictatorial», y «creó una nueva Asamblea con el apoyo de una Corte Suprema plegada a su interés y alcahueta de sus intenciones antidemocráticas».

Ese, aseguró Blades, «no es el caso, por lo menos al momento, del presidente Nayib Bukele de El Salvador. Fue una Asamblea democráticamente electa la que decreto la remoción de los Magistrados, acto que hoy cuenta con el apoyo de más del 70 % de la población del país».

«Y si el pueblo que vota es el pueblo que apoya a su presidente o presidenta cuando ordena la depuración de sus corruptos órganos de administración, no invoquen a Cuba, o a Maduro. Ni en Cuba ni en Venezuela hay democracia. ?En El Salvador la gente rechazó a los partidos ARENA (derecha) y Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (izquierda), y voto por Bukele, (independiente). Esa fue la voz de un pueblo cabreado de la corrupción institucionalizada».

«No sé qué va a hacer Bukele en el futuro. No sé si se convertirá en otra versión de Maduro, otro dictador más para una Centroamérica que ha visto más dictaduras que tranquilidades. Solo sé que en el 2021, salir de un corrupto sistema judicial es un imperativo para la mayoría de los países latinoamericanos, Panamá incluido», afirmó Blades.