El presidente de la República, Laurentino Cortizo, designó en la tarde de este miércoles a Miriam Yadira Cheng Rosas como magistrada de la Sala Primera de lo Civil, y a María Cristina Chen Stanziola, magistrada de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en remplazo de los magistrados Hernán De León y Luis Ramón Fábrega, respectivamente, a quienes se les vence su periodo el 31 de diciembre de 2021.

«Por primera vez en la historia de la República, nuestra Corte Suprema de Justicia tiene cinco mujeres entre sus nueve magistrados», manifestó el presidente Cortizo en un mensaje a la Nación.

Destacó que el proceso de selección respondió «a la necesidad de contar con magistrados caracterizados por su independencia, criterio, compromiso, conocimiento y carácter», tal cómo se hiciera en 2019 cuando nombró tres Magistrados Principales, y seis Magistrados Suplentes.

«Una vez más cumplo con esta responsabilidad, al llenar las vacantes producidas en virtud del vencimiento del periodo constitucional de dos magistrados principales y sus respectivos suplentes. Uno de ellos para la Sala Primera de lo Civil y otro, para la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral», manifestó el presidente.

El gobernante subrayó que «en mi única entrevista conjunta con los cinco magistrados nombrados, les indiqué que se deben a la Patria, a la Constitución, a la Ley y a su conciencia; que hagan siempre lo correcto y que tengan siempre presente que ningún interés está por encima de la Patria».

Se conoció que, Miriam Yadira Cheng Rosas, cuenta con más de 35 años de experiencia en la administración de justicia en asuntos Civiles, Constitucionales, de Familia, Menores y Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia.

Cheng Rosas, es Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, una maestría en Derecho Comercial de la Universidad Interamericana de Panamá y una maestría Ejecutiva en Administración de Instituciones de Justicia de la Universidad Católica Santa María la Antigua.

Se ha desempeñado como Magistrada Interina del Tercer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá, Libre Competencia y Asuntos del Consumidor, desde 2019 hasta octubre de 2021.

De 2006 hasta 2019, ocupó el cargo de Magistrada Suplente Especial del Primer Tribunal Superior de Justicia.

También fue Juez Titular del Juzgado Segundo de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá (2000-2019) y juez suplente del Juzgado Quinto Municipal de Panamá, Ramo Civil, entre otros cargos.

Por su parte, María Cristina Chen Stanziola, magistrada de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral, posee una maestría en Derecho Tributario del Instituto de Estudio e Investigación Jurídica, Managua, Nicaragua; un doctorado en Administración, Hacienda y Justicia en el Estado Social por la Universidad de Salamanca, y un doctorado en Derecho de la Universidad Católica Santa María la Antigua.

En el campo laboral se desempeñó como docente titular de Derecho Mercantil en la Universidad de Panamá y abogada litigante independiente.

El jefe del Ejecutivo también nombró a Ariadne Maribel García como magistrada suplente de la Sala Primera de lo Civil y a Salvador Domínguez Barrios como magistrado suplente de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral.

Además, nombró a Isis Omaris Joseph Garzón como magistrada suplente del magistrado Cecilio Cedalise, en Sala Tercera.

Todas estas designaciones fueron aprobadas por el Consejo de Gabinete, celebrado esta tarde y deberán ser remitidas a la Asamblea Nacional para sus correspondientes ratificaciones.

Los denominados Pandora Papers son una nueva filtración de archivos que fue entregada hace casi dos años al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), semejante a lo ocurrido con los Panama Papers.

Los Pandora Papers han sido revelados, mediante reportajes periodísticos desde este domingo 3 de octubre, y se relaciona con 14 proveedores de servicios de registro y administración de empresas y fideicomisos en distintos países, entre los cuales se menciona nuevamente una firma con sede en Panamá, siendo la firma ALCOGAL (Alemán, Cordero, Galindo & Lee).

La filtración, señala la existencia de diversas empresas relacionados, entre otros, con gobernantes y exgobernantes latinoamericanos, en jurisdicciones que son consideradas paraísos fiscales porque los impuestos son bajísimos y se mantiene en secreto la identidad de los propietarios o beneficiarios de las entidades.

Ante la publicación coordinada por el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), en la que se hacen señalamientos sobre supuestas actuaciones financieras irregulares ocurridas en el país, el Gobierno Nacional se pronunció este domingo (03.10.2021), sobre lo que se supone un nuevo ataque a la imagen del país, esta vez, a través de los denominados «Papeles de Pandora».

COMUNICADO

Sin menoscabo a la libertad de prensa e información que respetamos decididamente, y con la intención de evitar apreciaciones sensacionalistas como las que en el pasado nos han causado gran daño, estamos trabajando de forma cohesionada e interinstitucional, decididos a contrarrestar las repercusiones negativas de cualquier escándalo tangencial o coyuntural en el que se quiera involucrar al país.

A través del Ministerio de Relaciones Exteriores, hemos comunicado al equipo directivo de la ICIJ que seguimos con atención sus publicaciones y que deben evitar las referencias sin justificación informativa asociadas al país.

La Superintendencia de Sujetos no Financieros, a su vez, hará la supervisión inmediata de los sujetos obligados de nuestra jurisdicción mencionados en la publicación, como parte de nuestra respuesta oportuna, para la protección de la imagen y reputación del país.

Y la Dirección General de Ingresos (DGI) iniciará los procesos de fiscalización a los contribuyentes naturales y/o jurídicos en la República de Panamá señalados por la misma publicación y atenderá el intercambio de información con las jurisdicciones aludidas.

Como contexto, Panamá ha firmado acuerdos de cooperación internacional como el Acuerdo de Autoridad Competente Multilateral (MCAA), la Convención Multilateral para Implementar Medidas Relacionadas con el Tratado Tributario para prevenir la erosión de la base y la transferencia de beneficios (MLI), y la Asistencia Administrativa Mutua en Asuntos Tributarios (MAC) y ha implementado el proyecto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sobre Erosión de la Base y Transferencia de Beneficios (BEPS) para abordar la evasión fiscal, mejorar la coherencia de las normas fiscales internacionales y garantizar un entorno fiscal internacional más transparente y competitivo.

Producto del continuo trabajo que estamos efectuando, en un solo año, por incumplimiento de la regulación panameña se suspendieron más del 50% de las 762,709 personas jurídicas inscritas en el Registro Público, impulsamos la supervisión constante del desempeño de los agentes residentes y firmas de abogados locales, y cumplimos con el intercambio de información fiscal con 66 países por medio de la DGI.

Frente a estas circunstancias, que afrontamos con responsabilidad, el presidente de la República Laurentino Cortizo Cohen recalcó: «es nuestro deber defender los intereses de la nación y luchar para que el nombre del país no se asocie a actividades que repudiamos y que combatimos con la ley».