El presidente Laurentino Cortizo, vetó parcialmente un proyecto que regula la comercialización y uso de los criptoactivos en Panamá, tras considerar que la propuesta, aunque “novedosa”, no marcha acorde con el sistema financiero y monetario del país.
En un extenso análisis del proyecto 697 remitido a la Asamblea Nacional el miércoles y difundido este jueves, Cortizo sostiene que la iniciativa legislativa requiere “adecuación” a las normas que regulan el sistema financiero y el modelo monetario panameño “que ha garantizado estabilidad económica y disciplina fiscal en el país”.
Consideró asimismo que se hace “imperativo” configurar la nueva regulación propuesta con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), “a fin de continuar la ruta definida por el Estado (panameño) en materia de transparencia fiscal y prevención de blanqueo de capitales”.
Panamá lleva años luchando contra la imagen de paraíso fiscal, y ahora hace esfuerzos por salir de la lista del GAFI de países con deficiencias en la lucha contra el blanqueo.
Cortizo devolvió el proyecto a la Asamblea Nacional, con objeciones y también recomendaciones, señalando que la condición esencial de un sistema financiero es que “genere confianza” para la atracción de capitales sanos e inversiones estables, con “reglas claras”, una “supervisión eficaz” y un régimen de consecuencias “efectivo”.
Entre algunas de las normas vetadas está el numeral 1 del artículo 4 que estipula la viabilidad de incluir en la agenda del país la digitalización usando tecnología “blockchain”, de las personas naturales que quieran hacer uso de estos servicios.
El gobernante estimó que este proceso de digitalización involucraría “poner en manos de terceros el tratamiento de información personal que, por mandato constitucional, es de responsabilidad y custodia del Tribunal Electoral”.
Objetó además el artículo 8 del proyecto por su pretensión de establecer de que los criptoactivos sean utilizados como medio de pago de impuestos, tasas y de otras obligaciones, ya que deja abierta la posibilidad de que las entidades gubernamentales queden obligadas a aceptar el pago de tributos a través de estas monedas.
El diputado independiente Gabriel Silva, quien fue el proponente de esta iniciativa legal, dijo este jueves en sus redes sociales que con el veto a esta propuesta es “una oportunidad perdida para generar empleos, atrae inversión e incorporar tecnología e innovación en el sector público”.
El proyecto de ley 697, que abre las puertas al Bitcoin (BTC) y a las criptomonedas y propone darles estabilidad jurídica a estos elementos digitales, como medio de pago opcional, fue aprobado el pasado 28 de abril por la Asamblea Nacional.