Washington dejó plantada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en audiencias sobre la política migratoria y de asilo de Donald Trump a las que había sido convocado.
La audiencia principal era una convocada de oficio por la comisión, que quería preguntar al Gobierno norteamericano por las órdenes ejecutivas de Trump sobre inmigración y la que dio inicio al proceso para la construcción del muro en la frontera con México. Cree que pueden violar estándares legales de la región y ser discriminatorias hacia los migrantes hispanos y musulmanes.
Los comisionados se encontraron sin embargo con cinco sillas vacías en una sala de audiencias repleta de público y prensa ante la expectación que el tema había despertado. «Quiero lamentar la ausencia del Estado, que impide el ejercicio democrático de conocer distintas posturas», dijo el brasileño Paulo Vannuchi.
La CIDH, órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), se encarga de vigilar el cumplimiento de los derechos humanos en el continente.
Tampoco acudió la administración Trump a una audiencia sobre elf secuestro de dos ciudadanos japoneses en Perú durante la Segunda Guerra Mundial y a otra sobre políticas que impiden el acceso al asilo.
¿Estrategia de Trump de retirada para luego presionar?
Justificó su decisión con el hecho de que los asuntos a tratar están ante la Justicia. «No es apropiado para Estados Unidos participar en estas audiencias mientras estos temas están en litigio en tribunales estadounidenses», manifestó Mark Toner, portavoz del Departamento de Estado. Sus expertos legales, dijo el Ejecutivo, recomendaron no acudir.
La CIDH no ha ocultado su preocupación por las órdenes ejecutivas más controvertidas que Trump ha firmado desde su llegada a la Casa Blanca el 20 de enero. A principios de febrero, instó a Estados Unidos a dejarlas de hecho sin efecto. Las organizaciones de la sociedad civil que acudieron a la cita para solicitar que sean derogadas unas medidas que consideran que violan los derechos humanos de inmigrantes y refugiados recriminaron al Gobierno estadounidense estar aislándose internacionalmente con actuaciones como la de hoy.
«Es una política de aislamiento propia de regímenes autoritarios», denunció Jamil Dakwar, director del programa de derechos humanos de American Civil Liberties Union (ACLU), una de las 14 organizaciones invitadas a hablar por la comisión.