La Defensoría del Pueblo a través de un comunicado expresa que al iniciar este año, considera oportuno, en su calidad de coordinadora del Observatorio Panameño contra la Violencia de Género (OPVG), hacer una breve reseña sobre la situación de violencia contra las mujeres, como una forma de visibilizar los retos que continuamos teniendo como Estado, en la protección y defensa de los derechos de las mujeres.
“Que las mujeres y niñas estén siendo agredidas por familiares o personas de confianza, y en los lugares donde deberían sentirse más seguras, reafirma la necesidad de acciones diferenciadas por parte del Estado, entendiendo el sustento de género que subyace a estos delitos”, destacó el Defensor del Pueblo, Alfredo Castillero Hoyos.
Hasta noviembre del año 2017, se registraron en Panamá, 16935 denuncias por el delito contra el Orden Jurídico y Familiar, siendo 14275 (84%) por violencia doméstica; 5928 denuncias por delitos sexuales, siendo 2661 (45%) violaciones; y 26 femicidios, 14 consumados y 12, en grado de tentativa. En el año 2016, fueron 22192 casos contra el orden jurídico y familiar, 19711 (89%) por violencia doméstica; 4592 denuncias por delitos sexuales, siendo 1882 (41%), por violaciones; y 23 femicidios, 19 consumados y 4 en grado de tentativa. [1]
Como se desprende del párrafo previo, hasta noviembre del año 2017, se registraron menos denuncias de violencia doméstica, pero se observó un incremento en los delitos sexuales y femicidios; esto en un contexto de múltiples demandas por parte de las organizaciones de la sociedad civil, de mayor protección para la vida de las mujeres.
La violencia contra las mujeres se debe abordar como un problema estructural, que responde a un sistema sustentado en la desvalorización de las mujeres y lo femenino, sin esa perspectiva, las acciones que se realicen serán limitadas; por lo que trabajar para el cambio sociocultural, es imprescindible para que cada niña y mujer en este país, pueda sentirse segura y sujeta plena de sus derechos.
Destaca además la institución, que se mantendrá vigilante y trabajando desde los diversos espacios interinstitucionales y en acompañamiento de la sociedad civil, para que las políticas públicas contenidas en la Ley, sean implementadas y debidamente monitoreadas, para el avance de los derechos de las mujeres.