El veto de Twitter y Facebook a las cuentas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha desatado el debate sobre el rol de las grandes plataformas digitales y la UE se ha sumado a la reflexión global al criticar que empresas privadas limiten la libertad de expresión de un gobernante, pero ha celebrado que reconozcan su papel en la defensa de la democracia.
En los últimos años, especialmente tras los atentados yihadistas de París y Bruselas y recientemente con la venta de productos sanitarios fraudulentos durante la pandemia, la Comisión Europea (CE) ha pedido a las plataformas que eliminen el contenido ilegal de sus servidores, de acuerdo con un código de buenas prácticas.
Líneas rojas
Pero a ojos de los dirigentes europeos, con el bloqueo a las cuentas de un presidente que ha incitado un asalto al Capitolio de Estados Unidos, las plataformas han cruzado una línea roja y Bruselas espera ahora contribuir a su regulación a nivel global con la reciente ley de servicios digitales que presentó en diciembre, pendiente aún de aprobación.
Un portavoz de la canciller alemana, Angela Merkel, dijo esta semana que esta «ve problemático el cierre permanente de las cuentas del presidente estadounidense».
Para Merkel, la libertad de opinión «es un derecho fundamental de importancia esencial» que se puede restringir sólo bajo las condiciones fijadas por los legisladores, pero no por «la decisión de la dirección corporativa de plataformas en las redes sociales».
Desde el Parlamento Europeo, la presidenta del grupo socialdemócrata, Iratxe García, dice a Efe que «se trata de encontrar el equilibrio entre la libertad de expresión -que es un derecho fundamental- y la protección de la democracia»
«El problema que plantea el bloqueo de las redes sociales de Donald Trump es permitir que sean las plataformas las que decidan dónde está esa delicada línea», porque «más allá del código ético de una empresa privada, deben ser las leyes las que delimiten dónde comienzan los delitos de odio y la desinformación interesada».
En declaraciones a Efe, la presidenta de los Verdes, Ska Keller, apunta otro elemento a este debate: «Trump, como presidente, podría no haber existido sin la amplificación de teorías conspirativas, discriminación y el odio ofrecido por las plataformas digitales».
Sin embargo, cree que «los tribunales deben tener la posibilidad de analizar y decidir si se ha violado alguna ley».
La nota discordante en esta opinión mayoritaria la da la vicepresidenta de la Comisión Europea encargada del ámbito digital, Margrethe Vestager, que en una entrevista al Washington Post avala el veto de Twitter y Facebook a Trump.
«Esta es, evidentemente, la más extrema de las situaciones extremas, que el presidente de Estados Unidos esté incitando a la gente a marchar contra el Congreso. (…) Acepto completamente que esta es una situación extrema y se han sobrepasado las líneas», dice la liberal Vestager, quien critica a las plataformas por no haber actuado antes contra los mensajes de Trump y hacerlo sólo a pocos días de que finalice su mandato, aunque dice que, en Europa, los usuarios bloqueados tendrían la opción de acudir a los tribunales.
¿Un cambio de paradigma?
Su compañero en el Ejecutivo comunitario, el comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, se muestra, en cambio, «perplejo» por el hecho de que «un CEO pueda desconectar el altavoz del presidente de EEUU», según escribió en un reciente artículo en Político.
Pero ve elementos positivos y cree que debido a la relevancia que tiene el veto a las cuentas del presidente de EEUU, estamos ante un cambio de tendencia por lo que se refiere al papel de los gigantes de internet en la defensa de la democracia.
«Así como el 11 de septiembre (de 2001) supuso un cambio de paradigma en la seguridad global, veinte años más tarde asistimos a un antes y un después en el papel de las plataformas digitales en nuestra democracia», apunta.
«Han reconocido su responsabilidad (…) para prevenir la propagación del contenido ilegal», dice.
Breton confía que con la reciente ley de servicios digitales que presentó en diciembre junto a Vestager, la UE pueda contribuir a la reflexión global sobre cómo hay que regular la actividad de estas empresas.
Esa ley da a las autoridades mayor capacidad para pedir a las plataformas que eliminen contenido ilegal y prevé multas de hasta el 6 % de su facturación global si no actúan con rapidez.
Algoritmos
Tanto García como Keller celebran la normativa -sobre la que aún deben pronunciarse el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE (que representa a los Estados miembros)- pero creen que no es suficiente para abordar los retos que plantea la economía digital.
«Tenemos que regular, además, la inteligencia artificial que crea algoritmos para hacer llegar información específica a determinados ciudadanos», afirma García, quien subraya que «necesitamos ir más allá de la lógica de la innovación y la creación de valor monetario y analizar el daño que el uso descontrolado de algoritmos ha causado a los valores democráticos en nuestra sociedad».
