jueves, septiembre 29, 2022

Proyecto que sanciona deficiencias en los servicios públicos pasa a segundo debate

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“La Asamblea Nacional desempeñará su rol fiscalizador y mantendrá sus puertas abiertas al debate profundo y responsable en todos los temas de interés social”, reiteró la presidenta de la Asamblea Nacional, Yanibel Ábrego Smith, durante la discusión del proyecto   que modifica la Ley relacionada  con los daños ocasionados por la deficiencia en la prestación de los servicios públicos.

Proponente de esta iniciativa junto al diputado Quibián Panay, la presidenta Ábrego Smith destacó que este proyecto, aprobado en primer debate, tiene por objeto llenar el vacío legal existente en la Ley 6 de 1997, de manera que le permita a Autoridad Nacional de Servicios Públicos, hacer frente a través de controles legales efectivos, salvaguardando principalmente los derechos de los usuarios del servicios, quienes al final han resultado los mayores afectados, por las deficiencias y el desmejoramiento del servicio.

“Desde el inicio de esta administración he mantenido la postura de realizar debates amplios”, dijo la presidenta Ábrego Smith. Señaló que este proyecto será analizado debidamente con los sectores involucrados en segundo y tercer debates. En la discusión del documento participaron representantes de los avicultores, la ASEP y la empresa EDEMET.

El proyecto revela que una de las principales razones que han impedido que la ASEP pueda desarrollar controles efectivos y sanciones adecuadas es la cantidad de recursos y acciones legales, constantes y sin motivos, que interponen las empresas eléctricas, para dilatar, minimizar, evitar sanciones, que han resultado muchas veces temeraria en su interposición.

El artículo 3 de la iniciativa expresa que el monto de las multas que se impongan a los prestadores del servicio se repartirá en beneficio de los clientes a través de las tarifas, en un período que no excederá de los 60 días calendario. La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos establecerá el procedimiento para hacerlo efectivo.

El diputado Quibián Panay, quien también es proponente de esta iniciativa, destacó que este proyecto hace justicia a los consumidores que reciben el servicio público, porque es inaudito que unos 27 millones de dólares estén en recurso de apelación en la Corte Suprema de Justicia, por lo que este mecanismo garantizará ahora el pago con interés por parte de las empresas a los consumidores.

Indicó que es importante dotar de las herramientas necesarias a la autoridad, para hacer frente a estas situaciones, que lo único que hace es crear barreras que imposibilitan el cumplimiento de la ley y la aplicación de los correctivos en beneficio de los usuarios, quienes han resultado ser los mayores afectados por estas prácticas.

En el documento se indica que a través de la Autoridad de la Servicios Públicos (ASEP), se establezca y que se creen mecanismos adecuados de control, fiscalización, regulación y sanción. Sin embargo las medidas aplicadas, basadas en la normativa legal existente, no han sido siempre las más adecuadas o efectivas, y sobre todo no han permitido resolver los múltiples problemas que han presentado, en los últimos años las empresas de distribución eléctrica.

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