La Presidencia de la República anunció ayer que se ha iniciado las primeras investigaciones por supuestas irregularidades y conflicto de interés entre funcionarios del gobierno pasado. En el centro de la polémica están dos concesiones de terrenos del Estado en el sector de Coco Solo, en Colón, y la explotación comercial del Aeropuerto Internacional Enrique Adolfo Jiménez.
El Gobierno Nacional ha suspendido ambas concesiones para comenzar un proceso de auditorías. Los resultados de estas auditorías se trasladarán al Ministerio Público para determinar responsabilidades. Las concesiones abarcan 1,073,965 metros cuadrados de terrenos estratégicamente ubicados alrededor del aeropuerto de Colón, con acceso a facilidades marítimas.
Las tierras fueron concedidas por la pasada administración de la Zona Libre de Colón a la empresa ONX, S.A., por un período de 20 años prorrogables, con un canon de arrendamiento mensual de solo 0.005 centésimos de balboa. La empresa tiene el uso de estos terrenos desde el 1 de junio pasado, pero el pago del alquiler comenzará dos años después de que inicie la explotación comercial del aeropuerto, que cubre 103,618 metros cuadrados.
El Consorcio ONX, integrado por Corporación ONX, obtuvo el mayor puntaje en la licitación de Tocumen, S.A. para la explotación comercial del aeropuerto de Colón el pasado 15 de febrero. Sin embargo, la concesionaria está vinculada a ONX, S.A., la misma empresa que recibió la concesión de los terrenos adyacentes a la terminal aérea.
La Presidencia informó que Tocumen, S.A. ha rechazado la oferta del Consorcio ONX, que incluía un año de canon de arrendamiento gratuito. Además, ONX, S.A. solo presentó una garantía de B/.16,109 por las tierras otorgadas, según un memorando firmado por la jefa legal de la administración de la ZLC, Yharabys Melgar, dirigido al entonces gerente general, Giovani Ferrari, y a la dirección de operaciones de la entidad el pasado 19 de junio.
Las investigaciones señalan que los directores o beneficiarios finales de ONX, S.A. y otras sociedades podrían estar vinculados a las autoridades que administraron la Zona Libre de Colón en el gobierno pasado. La suspensión de las concesiones y la auditoría posterior buscan esclarecer posibles actos de corrupción y garantizar la transparencia en la gestión de los recursos del Estado.