Un grupo de líderes políticos, excandidatos presidenciales e independientes lanzó esta semana un pronunciamiento público titulado “Unidad Nacional y Defensa de la Soberanía”, con el que buscan rechazar el reciente memorándum de entendimiento firmado entre Panamá y Estados Unidos en materia de seguridad. El documento, que ha sido interpretado por sectores de oposición como una “violación constitucional”, fue suscrito por figuras como Martín Torrijos, Ricardo Lombana, Juan Diego Vásquez, Ana Matilde Gómez, entre otros.
Sin embargo, el repentino llamado a la unidad por parte de actores con trayectorias diversas —e incluso contradictorias— ha abierto la puerta a cuestionamientos legítimos sobre las verdaderas motivaciones detrás del pronunciamiento: ¿defensa genuina de la soberanía o aprovechamiento político en un momento de agitación social?
El historial olvidado de Torrijos
Una de las voces más visibles del manifiesto es la del expresidente Martín Torrijos, quien aseguró que el acuerdo firmado por la actual administración de José Raúl Mulino representa “un retroceso” en la política panameña hacia la neutralidad del Canal. No obstante, durante su mandato (2004–2009), Torrijos suscribió al menos dos acuerdos de cooperación con Estados Unidos que permitieron la presencia y operaciones de agencias como la DEA y el FBI en territorio nacional.
El primero, fechado el 13 de marzo de 2009, fue una carta de entendimiento entre la entonces embajadora estadounidense Barbara Stephenson y el ministro de la Presidencia Rafael Mezquita. En él, se establecieron cuatro proyectos dentro del marco de la Iniciativa Mérida, orientados al combate del narcotráfico. Entre ellos destacaban:
- Intercambio de huellas digitales con estándares del FBI.
- Unidades especiales guiadas por la DEA para investigaciones complejas.
- Equipamiento policial estadounidense con chalecos, radios y sistemas de detección.
- Asesoría en prisiones para evitar control por parte de pandillas.
Además, el 10 de febrero de 2005, se firmó otro acuerdo con EE.UU. que permitía la asistencia con monitoreo aéreo por radar en tiempo real dentro del espacio aéreo panameño, facilitando operaciones de intercepción de aeronaves sospechosas.
Ambos convenios otorgaban inmunidad diplomática y beneficios fiscales al personal técnico estadounidense y a sus familias, incluyendo exoneraciones de impuestos y seguridad social.
La protesta, en medio del paro y la crisis
La publicación del manifiesto opositor coincide con el noveno día de paro nacional docente y de huelga de trabajadores de la construcción, sectores que también se han declarado en oposición al memorándum. El documento exige, entre otros puntos, que cualquier acuerdo que afecte el régimen de neutralidad del Canal sea sometido a la Asamblea Nacional y a un referéndum, conforme al artículo 325 de la Constitución.
El acto de lectura fue encabezado por el abogado Alonso Illueca y respaldado por figuras como Ricardo Lombana (MOCA), Martín Torrijos, los diputados Juan Diego Vásquez y Gabriel Silva, así como la exprocuradora Ana Matilde Gómez y otros dirigentes de la sociedad civil. El único parlamentario en funciones que firmó el documento fue Crispiano Adames (PRD), acompañado por el vicepresidente del Partido Panameñista, Guillermo Bermúdez.
Unidad táctica o estrategia electoral
Aunque algunos firmantes, como Lombana y Vásquez, subrayaron que el documento está abierto a nuevas adhesiones, varios analistas señalan que esta “unidad nacional” surge en medio de una coyuntura política que favorece la proyección pública de estos actores con miras a futuros procesos electorales.
El trasfondo revela una contradicción evidente: mientras hoy se alzan voces contra acuerdos de cooperación firmados por el Ejecutivo, en el pasado muchos de esos mismos actores —en cargos de poder— suscribieron o facilitaron convenios similares con Washington. Especialmente en momentos donde el narcotráfico y el crimen organizado justificaban una cooperación estrecha.
¿Memoria selectiva o pragmatismo político?
El debate sobre el memorándum con Estados Unidos es legítimo y necesario, sobre todo cuando se trata de temas de soberanía, defensa nacional y control del Canal; pero también lo es el escrutinio público sobre la coherencia de quienes hoy encabezan las posturas en contra de la Administración Mulino.
La historia reciente demuestra que la colaboración con agencias de seguridad norteamericanas ha sido constante desde la década de 1990, con gobiernos de todos los colores políticos firmando acuerdos en nombre de la seguridad regional.
El llamado a la unidad, entonces, debería incluir no solo posturas actuales, sino una revisión honesta del pasado, sin discursos acomodaticios ni uso político de la palabra “soberanía”.