Algunos sectores que protestaron el 9 de enero en la cinta costera han propuesto para combatir la corrupción, sancionar con la llamada muerte civil a los funcionarios públicos que cometan actos de corrupción y sean judicialmente sancionados.
¿Qué es la muerte civil? Es la pérdida de derechos de la persona sentenciada para que, entre otras cosas, jamás vuelva a tener un puesto en el Estado. Con la muerte civil, así llamada, esta pena sería de por vida, en reemplazo de la actual inhabilitación determinada por un juez que establece un número de años en los que no se puede tener actividad estatal.
¿Sería una medida efectiva? Extender la sanción más allá de lo que señala el Código Penal podría violar algún tipo de derecho fundamental que podría dar lugar a una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). No soy abogado ni mucho menos experto en derecho constitucional, pero creo que es un tema que hay que repasar con mucha serenidad y más allá de la publicidad o de que puede ser una medida que parece popular en el momento, pero no necesariamente podría ser eficaz al final, existe experiencia internacional sobre este tema. En Bélgica y Francia, así como en Quebec (Canadá), esta medida fue anulada entre otras cosas, porque sus efectos legales perjudicaban al cónyuge y a los hijos del funcionario sentenciado por corrupción.
Después trataré más a fondo este asunto, pero lo que se evidencia un poco en el fondo es una lucha de poderes interburgueses, la clase dominante esta enfrentada en una disputa por el poder político y la conducción del estado panameño, no cabe duda que en medio de la «lucha anticorrupción» hay sectores politicos y económicos ahora perseguidos y en la carcel enfrentados a los otros sectores corruptos que ostentan actualmente el poder.
Por: Rogelio Mata Grau.
