En la primera ronda, el candidato del Partido Restauración Nacional, Fabricio Alvarado, obtuvo el 24,99% de los votos.
Este domingo Costa Rica celebra la segunda vuelta para elegir al futuro presidente que dirigirá las riendas de esa nación centroamericana durante el período 2018-2022.
Unos 3,3 millones de costarricenses están convocados a acudir a las urnas para elegir entre el candidato oficialista Carlos Alvarado y el evangélico Fabricio Alvarado. El voto en ese país teóricamente es obligatorio, pero no hay castigo para quien no lo ejerza. Pueden sufragar todos los ciudadanos a partir de los 18 años.
En la primera vuelta del pasado 4 de febrero, ninguno de los dos aspirantes alcanzó el 40% de los votos necesarios para lograr la Presidencia. En esos comicios, el candidato del Partido Restauración Nacional, Fabricio Alvarado, de 43 años, quedó en primer lugar con el 24,99% de los votos, mientras que su rival, Carlos Alvarado, de 38 años, del partido Acción Ciudadana, alcanzó un 21,63% de los sufragios.
Fabricio Alvarado es un diputado, cuya popularidad subió después de oponerse a una recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que instó al Estado costarricense a garantizar a las parejas del mismo sexo todos los derechos, incluyendo el matrimonio.
Por su parte, Carlos Alvarado, exministro en dos carteras diferentes, dice que con su elección se «decide» avanzar en ciertos temas, como «hacer el tren eléctrico, la sectorización del transporte, las estaciones intermodales, la planificación urbana y ciudades más sostenibles y resilientes»; pero también será una decisión sobre si «montamos a todas las personas en la ola de oportunidades de la Cuarta Revolución Industrial«.
Ambos candidatos, que además de compartir el mismo apellido sin ser familiares son también periodistas de formación, han dedicado buena parte de su tiempo en las últimas semanas a concretar alianzas en busca de lo que los dos han llamado un «gobierno de unidad nacional«, reporta AP.
En las propuestas de los dos aspirantes figura como prioridad la atención del creciente déficit fiscal, que en el 2017 cerró en un 6,2% del PIB y que el actual gobierno ha buscado frenar con la implementación de un paquete tributario que incluye la conversión del impuesto de ventas en un impuesto al valor agregado (IVA).