El debido proceso, es principio legal que puede definirse como el conjunto de formalidades esenciales en un procedimiento legal, que busca asegurar o defender los derechos de cualquier persona acusada de cometer un delito.
Este principio, no es cualquier cosa y es un tema que ha sido ampliamente abordado en el derecho internacional, derecho que según el Artículo No. 4 de nuestra Carga Magna, es acatado en nuestro territorio.
Y es que, el Artículo No. 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece el concepto del debido proceso, donde se observan un conjunto de requisitos de las diferentes instancias procesales para que pueda hablarse de verdaderas y propias garantías judiciales.
Al citar a la CIDH, establecemos que cuando hablamos del debido proceso, debemos entender que la importancia de este, no solo radica en las formalidades sino que estamos ante un concepto de garantías judiciales que guarda relación con el derecho de acceso a la justicia, a los derechos humanos, y que debe ser respetado en un Estado de Derecho.
Así las cosas, y en el entendido que el debido proceso hace parte de nuestro marco jurídico, debe dársele a este el valor que le corresponde, por encima de cualquier interés político o económico que intente violentar los derechos y garantías de cualquier ciudadano.
Es por ello, que las recientes declaraciones de miembros de la Sociedad Civil en algunos medios de comunicación y la filtración de proyectos de fallos desde las oficinas de la Corte Suprema de Justicia, que intentan desvirtuar, lo que al parecer definiría si en el caso denominado “pinchazos”, seguido al expresidente Ricardo Martinelli, donde no hubo imputación de cargos, deben ser calificadas como un atentado a la institucionalidad democrática.
Es inadmisible, que los mismos defensores de la democracia, la institucionalidad y la transparencia, sean aquellos que aplauden que no haya debido proceso y pese a esto, se celebre un juicio que contraviene el artículo no. 4 de la Carta Magna, tras no ajustarse a lo que el derecho internacional suscribe.
La política no puede estar por encima del debido proceso, y sea quien sea el perjudicado, sea enemigo o amigo, la Sociedad Civil y sus representantes deben actuar con integridad y exigir el respeto a la Constitución y la ley, y no en el marco de los intereses políticos que lo único que hace es desnudar a las organizaciones que regentan y a los medios que los promueven.
Los que otrora defienden la institucionalidad no le pueden dar la espalda a esta, en lugar de ello deben pedir a los jueces, que deben olvidarse del nombre de los acusados, de su trinchera política y deben actuar en función de lo que dice la ley y respetar el debido proceso.
Si queremos vivir en Estado de derecho, exijamos el mismo derecho para todos.