La reciente intervención de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en el proceso electoral de Panamá ha puesto en tela de juicio la estabilidad y la integridad de nuestra democracia. El rechazo del recurso de casación en el caso New Business, que resultó en la exclusión del expresidente Ricardo Martinelli como candidato presidencial, desencadenó una serie de eventos que han colocado a la CSJ en el centro de la controversia.
La designación de José Raúl Mulino como reemplazo de Martinelli por el Tribunal Electoral, aunque legalmente justificada, ha generado un debate acalorado sobre la legitimidad de su candidatura. La demanda interpuesta para dejar a Realizando Metas y Alianza sin candidato presidencial subraya esta controversia, argumentando que Mulino no cumplió con los procesos democráticos internos del partido Realizando Metas.
La CSJ se encuentra ahora en una posición delicada. Si decide descalificar a Mulino como candidato presidencial, corre el riesgo de ser percibida como una institución que interfiere en el proceso democrático y que está sujeta a influencias externas. Sin embargo, respaldar su candidatura no solo sería coherente con el respeto a la autonomía de los partidos políticos, sino que también recibiría el apoyo de destacadas figuras de la comunidad jurídica y política panameña.
El abogado Ernesto Cedeño (MOCA), el excandidato presidencial José Miguel Alemán (Panameñista), el profesor universitario Miguel Antonio Bernal, José Toto Álvarez (presidente del partido PAIS), e incluso el diputado independiente Juan Diego Vásquez, han expresado su respaldo a la continuidad de Mulino en la contienda.
Estos juristas reconocen la importancia de respetar la candidatura presidencial e incluso la consideran viable jurídicamente.
Incluso, el magistrado del Tribunal Electoral, Eduardo Valdés Escoffery, advirtió sobre el riesgo de la judicialización de la política, esto durante una entrevista luego de Segundo Debate Presidencial.
Además, como mencionó Francisco «Paco» Carreira, abogado internacionalista, las postulaciones corresponden a los partidos y no al Tribunal Electoral. Carreira también es de la tesis de que Mulino debe continuar en la contienda, lo que refuerza la importancia de respetar la autonomía de los partidos en la selección de sus candidatos.
Es crucial que la CSJ actúe con prudencia y con pleno entendimiento de las implicaciones de sus decisiones en el contexto político y social de Panamá. Un paso en falso podría desencadenar consecuencias impredecibles y poner en riesgo la estabilidad democrática del país.
Es hora de que la CSJ demuestre su compromiso con la imparcialidad, la transparencia y el respeto por el Estado de derecho. La integridad de nuestras instituciones democráticas está en juego, y la CSJ tiene la responsabilidad histórica de protegerla. Es crucial que cualquier decisión que tome esté fundamentada en principios democráticos sólidos y en el respeto por los derechos y libertades fundamentales de todos los ciudadanos panameños.