La Policía italiana ha cerrado 32 canales de Telegram, Facebook, Instagram, Twitter y otros sitios web que distribuían de forma ilícita información de periódicos y revistas a más de 500,000 lectores, según informó este jueves en un comunicado.
Ha sido después de más de tres meses de investigación sobre la piratería editorial y en colaboración de la Federación Italiana de Editores de Periódicos (FIEG).
Para la operación de la Unidad de Bienes y Servicios Especiales de la Guardia de Finanza (policía financiera) denominada «Black Screen» (Pantalla en negro), la FIEG puso a sus expertos a disposición de los investigadores para verificar la legalidad de la distribución de la información, informó la Policía en un comunicado.
Las investigaciones, que iniciaron en diciembre y contaron con la participación de los editores de los periódicos italianos e internacionales afectados, permitieron localizar las publicaciones piratas para así informar a la Fiscalía de Roma, que presentó una solicitud al juez de instrucción para cerrar los canales e interrumpir la difusión.
El presidente de la FIEG, Andrea Riffeser, celebró los resultados de esta investigación como parte de «la lucha contra la piratería digital, un fenómeno que ha experimentado un aumento significativo también debido a la emergencia sanitaria».
«Confiamos en que, gracias a la labor de los investigadores y al compromiso de la Policía judicial, se identifiquen pronto las responsabilidades, incluidas las de los particulares, en los delitos, para seguir combatiendo un fenómeno que afecta significativamente a la sostenibilidad del sector editorial y al pluralismo informativo», añadió.
«La piratería editorial resta recursos y perjudica las ventas de productos digitales, cuyos métodos de distribución permiten llegar a un gran número de usuarios a un coste muy bajo», explicó la Guardia de Finanzas.
Asimismo, este tipo de piratería afecta todavía más ante la subida de los precios de las materias primas, los costes de impresión y de transporte, que han encarecido la distribución por métodos tradicionales.
«Además del riesgo de sanciones, los lectores que utilizan canales ilícitos se exponen a la posibilidad real de que les roben sus datos mediante el ‘pishing'», técnica que imita a una entidad legítima para robar información privada al usuario, resaltó la Policía.
En esta línea, explicaron que en algunos de los canales ilegales se mostraban enlaces a ofertas comerciales a precios ventajosos o al registro gratuito de servicios digitales que, para ser usados, requerían los datos personales y financieros de los usuarios.
«Al utilizar estos enlaces, los usuarios acaban poniendo sus datos personales y financieros en manos de delincuentes o activando servicios de pago no solicitados», añadió la Guardia de Finanzas.