La intención del Gobierno de que el país esté representado por primera vez en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que lo haga la exprocuradora general de la República, exdiputada y excandidata independiente a la Presidencia Ana Matilde Gómez, desató una tormenta de críticas por el hecho de que Gómez fue condenada por abuso de poder.
Panamá, postuló junto con Costa Rica, Paraguay, Perú y Brasil a una de las cuatro vacantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el periodo 2022-2027, que la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) elegirá este año.
La polémica se ha centrado en una condena que la exdiputada carga desde el 2010, cuando, la Corte Suprema de Justicia la condenó por el delito de abuso de autoridad, por permitir la intervención telefónica de un fiscal que estaba pidiendo un soborno, despojándola de su cargo, procuradora de la nación (fiscal general), e inhabilitándola para ejercer cargos públicos por los siguientes cuatro años.
La condena fue recurrida ante la CIDH, mismo organismo para el que ahora fue postulada, y el caso aún no se ha resuelto, aunque, la exprocuradora ejerció el cargo de diputada para el periodo 2014-2019.
La controversia se centra en que, si Gómez puede acceder a dicho puesto judicial, y si moralmente es ella la persona correcta para postularse. Incluso, este jueves un exembajador presentó una denuncia ante la OEA en contra de la postulación.
La postulación se ha puesto en duda en relación al proceso seguido por parte de la Cancillería, quien anunció la candidatura mediante un comunicado en un intento del país centroamericano de «fortalecer la presencia en los organismos multilaterales», y abogar por el empoderamiento femenino.
Para el experto constitucionalista Miguel Antonio Bernal, el procedimiento ha sido «atípico», pues, «lo normal es que se nombren a varios candidatos».
«Un cargo de esa naturaleza, bajo mi opinión, debe ir con un aval de la Corte Suprema, del Legislativo y Ejecutivo porque va a representar al Estado, no al Gobierno. Por eso, no puede ser el Gobierno solamente quien la nombre (..) y encima que se diga que el propio presidente no participó en la nominación», apuntó Bernal.
«Una constitución no puede cubrir un renglón internacional», pero la «Convención Americana establece que no puede ser magistrado quienes hayan sido condenado por un órgano judicial del estado al que pertenece», consideró Bernal.
Para Bernal, la postulación de Ana Matilde Gómez es un «flaco favor» que se le hace al país, pues los magistrados de la Corte tienen un curriculum vitae «impoluto».
El Ejecutivo aún no se ha pronunciado, y algunos medios de comunicación apuntan que esta candidatura ha divido al gabinete.
Con información de Agencia EFE.