Con el propósito de que el país cuente con las fuentes alternativas de energía y trazar un programa energético para los próximos 35 años, a través de Resolución el Consejo de Gabinete aprobó el Plan Energético Nacional (PEN), 2015-2050, “Panamá el futuro que queremos”.
Este Plan Energético Nacional (PEN), 2015-2050 impulsado por el Gobierno es el resultado del consenso logrado luego de 16 sesiones coordinadas por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Secretaría de Energía, en las que participaron más de 800 personas del sector público, comunidades indígenas, sector privado y sociedad civil.
El Secretario de Energía, Víctor Urrutia explicó que este plan traza los lineamientos generales y conceptuales del futuro energético que los panameños merecen en un ambiente de mercado, y es un instrumento de planificación de la política energética del país, cuyos ejes a largo plazo se enmarcan, en el acceso universal y reducción de la pobreza energética, la descarbonización de la matriz energética, la eficiencia energética y la sobriedad del consumo, y la seguridad energética.
Esta hoja de ruta, propone que al menos un 70% de la matriz eléctrica al 2050, debe provenir de fuentes renovables, con énfasis en energía solar y eólica, complementadas con otras fuentes de generación.
Además, se establece que la actual administración deberá lograr un ahorro energético al 2019, equivalente a lo que genera una pequeña central hidroeléctrica, deberá definir un ordenamiento territorial equitativo para poder ubicar las plantas de generación de manera adecuada, continuar el impulso de las energías renovables, así como promover la transparencia y competencia dentro del sector con el fin de alcanzar precios justos para el consumidor final, y sostenibles para la industria, fortalecer la institucionalidad en materia energética y crear cultura ciudadana sobre la importancia y buen uso de la energía; entre otros.
Este documento estará en permanente actualización, tanto en contenido como en su carácter, ya que en la medida que se vaya aplicando se analizarán las modificaciones que aseguren su permanencia en el tiempo con mayor efectividad.
Tasas por servicios administrativos del MINSA
Por otro lado, el Gabinete autorizó al ministro de Salud Francisco Javier Terrientes a presentar ante la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley que aprueba el cobro de las tasas por servicios administrativos que brinde el Ministerio de Salud (MINSA).
Terrientes expresó que el MINSA, realiza una serie de actos administrativos que generan un costo, por lo que es imprescindible contar con los recursos que permitan brindar a la sociedad una atención administrativa de calidad, eficiente y moderna sin que ello represente una carga pecuniaria para nuestros usuarios.
El titular de salud dijo que para que la prestación del servicio sea oportuna, continua y eficiente, el MINSA, debe invertir no solo en recurso humano capaz y suficiente, sino también en equipos, materiales y suministros, para poder así desempeñar a cabalidad sus funciones.
El servicio administrativo, contemplado en esta norma involucra la emisión de certificados, certificaciones, sellos de aprobación, licencias, permisos sanitarios de operación, constancias de inspección sanitaria, servicios de Consejo de Salud, servicios de inspección y vigilancia veterinaria, acreditaciones, registros sanitarios, servicios de cuarentena aeroportuaria, inspección portuaria y fronteras, aprobación de planos sanitarios, laboratorios de calidad de agua, destrucción de productos no aptos para el consumo humano y otros, más no servicios de salud per se.
La iniciativa establece que las tasas serán fijadas de acuerdo con el costo del servicio brindado, las cuales serán publicadas en la Gaceta Oficial y además determina que esta norma no será aplicable a las Direcciones Nacionales que cuenten con leyes especiales que les permita los cobros de sus servicios administrativos.