Corrupción, alto costo de la vida, precio de los combustibles y medicinas. Esas son las gotas que derramaron el vaso, pero detrás de esos detonantes, avanza silenciosa pero persistente las brechas de la desigualdad, la exclusión social y el engaño político, esas promesas sin cumplir que han vacilado a la voluntad popular y se han mofado de la representación política.
En medio del revuelo que ha provocado el escenario de protestas constantes que incluyen cierres de calles nacionales, desde el primer día en que la Asociación Nacional de los Derechos del Pueblo Organizado (ANADEPO), en la ciudad de Santiago, provincia de Veraguas, convocó al pueblo en masa, para protestar por el imparable aumento de los precios del combustible, alimentos y medicinas, se fueron sumando otras expresiones del sentir popular como lo fue la Alianza Pueblo Unido por la Vida y la Comarca Ngobe Bugle en diferentes puntos, a lo largo y ancho del país.
Este fenómeno espontáneo del hartazgo de la ciudadanía, tomó por sorpresa a las principales autoridades del gobierno, que en medio de la ausencia temporal del Presidente de la República y la desarticulación evidente e insultante de todo el aparato del Órgano Ejecutivo, provocaron un tsunami de focos subversivos y de manifestaciones, que causaron que las protestas alcanzaran un ribete inédito en casi toda la historia panameña.
La reacción del gobierno para tratar de aplacar la situación fue confusa, improvisada y tardía, tanto así que cuando finalmente llega el mandatario al país, las primeras acciones asumidas son: 1. Congelar el precio del combustible en 3.95 (luego que se resistía a ceder), 2. Inclusión de 10 productos más a la canasta básica (productos que en su mayoría no tiene valor nutricional); y 3. Solicitarle a la Iglesia Católica ser mediadora en medio de la crisis (convocando a un diálogo entre gobierno y sector privado, sin la presencia de los manifestantes). Decisiones que, salvo la última, aumentaron la indignación y enojo de la ciudadanía.
El sentido de urgencia indicaba que las primeras acciones que había que asumir eran delimitar el alcance de la participación de la Iglesia, señalando que su intervención no consistiría en una mediación como tal, dado que para este proceso se requiere que el tercer mediador sea totalmente imparcial y neutral, y ante estos requisitos que exige este tipo de procesos de solución de conflictos, para la Iglesia sería muy difícil, técnicamente, no reflejarse en las necesidades del pueblo y la autoridad máxima del gobierno. Es por ello que, el rol que se asume es el de la facilitación del diálogo, en el cual los que intervienen son pares que se sienten identificados dentro de una realidad compartida, pero practicando los principios básicos de la solución de conflictos, entre los cuales el respeto a lo que las partes decidan voluntariamente dentro de la mesa.
En este contexto, las partes consideradas como los actores urgentes son por un lado los movimientos populares identificados como ANADEPO, Alianza Pueblo Unido por la Vida y Comarca Ngobes quienes son los protagonistas originales de las protestas y con quienes había que comenzar el acercamiento para abrir las calles y retornar a clases. Por el otro lado, el Gobierno, encabezado por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.
¿Por qué no forman parte de esta facilitación del diálogo otros sectores? Al delimitar el alcance del facilitador del diálogo, los pares establecieron en su conjunto la metodología de la mesa, y fueron ellos los que determinaron quienes participarían. Es decir, el Gobierno y los Movimientos populares tomaron la decisión de resolver el conflicto social, ante la coyuntura urgente.
Por tanto, en este contexto, solo los actores urgentes, Gobierno y movimientos populares, pueden modificar la metodología trazada en la mesa, la Iglesia es la garante de que se cumpla la voluntad de las partes. Sin embargo es necesario enfatizar la necesidad de que esta coyuntura nos permita reflexionar sobre la debilidad de nuestro pacto social y la prioridad que implica unir a los diferentes sectores y entablar un proceso permanente de análisis para garantizar que la toma de decisiones políticas contempla e interioriza la situación de cada uno de los actores económicos, políticos y sociales y evitar a futuro nuevos focos explosivos de protesta popular con todo el impacto socio económico que conllevan.
Como ciudadanos estamos llamados a participar políticamente en el marco democrático e institucional que nos permita fortalecer nuestra democracia y seguir siendo ejemplo internacional en la región.
Hernando Abraham Carrasquilla
Abogado-Mediador