El Consejo de Gabinete, en su reunión de este martes, autorizó al ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, a presentar un proyecto de ley ante la Asamblea Nacional para la aplicación de inversiones especiales en el servicio público de distribución de energía eléctrica.
La propuesta, sustentada en el Gabinete por Armando Fuentes, administrador de la Autoridad de Servicios Públicos (ASEP), busca que el dinero producto de las multas que impone esa entidad a las empresas de distribución eléctrica sea aplicado o revertido en inversiones para el mejoramiento del servicio eléctrico en las comunidades.
Estas inversiones se realizarán en las respectivas zonas de concesión en las que se ubican las tres empresas de distribución eléctrica en el país, con el único propósito de que las empresas puedan brindar un servicio de calidad a los clientes, explicó Fuentes.
El Gabinete también autorizó al titular del MEF para que, en representación de la República de Panamá, suscriba dos préstamos, uno por B/.35 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y otro con el Instituto de Crédito Oficial (ICO), representado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), por B/.15 millones, para el mejoramiento socioeconómico de la población a través del Programa de Acceso Universal a la Energía en Panamá.
El Programa de Acceso Universal a la Energía tendrá un costo estimado de B/.56 millones, de los cuales B/.35 millones son aportes del BID, B/.15 millones a través de ICO/AECID y otros B/.6 millones del Gobierno Nacional.
Este Programa de Acceso Universal a la Energía en Panamá beneficiará a 1,711 comunidades rurales, incluyendo más de 13 mil hogares con pobreza extrema y pobreza multidimensional, establecidas dentro del Plan Colmena, una estrategia de la actual administración para romper la brecha de la desigualdad y la pobreza en el territorio nacional.
A través del programa, que se ejecuta con la participación de la Oficina de Electrificación Rural, se llevará energía a hogares, escuelas públicas e instalaciones de salud en lugares de alta vulnerabilidad socioeconómica.
