El Canal de Panamá, es sin lugar a dudas el activo más grande del Estado panameño, mismo que debe ser cuidado por todos y garantizado por la intervención del Gobierno, lo que obliga cada cinco años a elegir no solo a un Presidente, sino a una especie de súper administrador del Canal.
El canal aportó al funcionamiento del gobierno central aproximadamente 1,600 millones de dólares en 2017, es decir, aproximadamente el 7% del presupuesto general del Estado. Sin el Canal el gobierno nacional no solo andaría cojo, sino que estaría obligado a endeudarse para enfrentar sus compromisos.
Ante la crisis suscitada en la Junta Directiva del Canal, donde dos de sus directores enfrentan casos judiciales que ponen en duda su buen nombre, sumado a la aparente incapacidad administrativa por la ausencia de estos en el cumplimiento de sus funciones, le toca ahora a nuestro Súper Administrador del Canal, Juan Carlos Varela, nuestro presidente, intervenir producto de la denuncia hecha por la directora de la ANTAI (Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información), Angélica Maytín.
La denuncia de Maytín, viene dada luego que el Ministro para Asuntos del Canal y presidente de la junta directiva, Roberto Roy, certificara las ausencias a las reuniones de los directivos Henry Mizrachi y Nicolas Corcione, 52 y 73 respectivamente.
“No se observa una vocación profesional y una lealtad al servicio de la Nación Panameña ni ante uno de sus activos principales, como lo es el Canal de Panamá… en virtud de la cual reiteramos al Excelentísimo Señor Presidente de la Republica, la remoción de amos Directores, realzando la loable labor que ha venido realizando esta Junta Directiva”, indicó Maytín en su nota enviada al Ejecutivo.
El Gobierno Nacional acogió la denuncia de ANTAI y los miembros del Consejo de Gabinete también acordaron autorizar al equipo de Asesoría Legal de la Presidencia preparar la resolución que será enviada a la Asamblea Nacional.
El momento que se vive hoy en la ACP es histórico, por primera vez el Ejecutivo tiene que intervenir para remover a miembros de la junta directiva del canal, decisión que debe ser ratificada en la Asamblea Nacional.
Ambos órganos del Estado tienen su mirada puesta en nuestro principal activo, y la remoción de Corcione y Mizrachi no ha sido el único tema que se ha ventilado sobre la ACP últimamente.
Otros debate sobre el Canal de Panamá tomó fuerza en 2017, cuando en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional de Diputados, se pidió incrementar los aportes del Canal en 200 millones de dólares al Tesoro Nacional, pero esta decisión debe ser tomada por el Gabinete, donde la ACP está representada por Roberto Roy, y este presupuesto debe ser revisado por el Presidente.
No hay dudas que la vigilancia de la Licenciada Angélica de Maytín, Directora General de la ANTAI, es una garantía para todos y este acto fiscalizador lo demuestra.
Es muy importante que el Estado siga fiscalizando las actuaciones de la Junta Directiva de la ACP, que además de presentar su presupuesto anual por aprobación del Concejo de Gabinete y de la Asamblea nacional de Diputados, debe someter siempre a sus directores al escrutinio público porque el dinero de la ACP es el dinero de todos los panameños y debe ser administrado por profesionales no solo idóneos sino responsables.
El Presidente y el Concejo de Gabinete tendrán una nueva oportunidad para nombrar nuevos directores, esperemos que en esta ocasión no sean los amigos y allegados políticos de siempre.
Es claro que la ACP es una dependencia del Estado, sus directivos son nombrados por el órgano Ejecutivo y uno por el Legislativo, su presupuesto es revisado por el gabinete, y el principal de la junta directiva es un Ministro de Estado, es por ello que sectores de la sociedad civil esperan que el Ejecutivo intervenga lo más pronto posible y ponga orden.