miércoles, septiembre 22, 2021

¿Es posible inhabilitar a Ricardo Martinelli para las elecciones de 2024?

Por Constitución y jurisprudencia el exmandatario debe entrar en la papeleta presidencial

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Es una realidad política incuestionable que Ricardo Martinelli como figura política mantiene su vigencia pese haber abandonado el poder hace 7 años, sufrir un proceso de extradición con todo el drama de una telenovela y haber estado dos años detenido.

Y tal es la vigencia política de Martinelli, que todas las encuestas publicadas durante el 2021 ponen al exmandatario como el favorito para ocupar la silla presidencial en 2024, faltando menos de 3 años para los próximos comicios generales.

El expresidente, quien enfrenta un segundo juicio por el denominado “caso pinchazos” sostiene que su doble juzgamiento responde a la continuidad de la persecución política de sus adversarios, que quieren impedir que se presente como candidato en el 2024.

Pero, ¿ante la posibilidad de un juicio arreglado para condenarle, cuales son las posibilidades reales de su candidatura?, es la pregunta obligada que tanto sus seguidores como detractores tienen en su cabeza.

Para responder la pregunta, lo primero que hay que considerar es el Articulo No. 180 de la Constitución Política, que dice lo siguiente:

“No podrá ser elegido Presidente ni Vicepresidente de la República quien haya sido condenado por delito doloso con pena privativa de la libertad de cinco años o más, mediante sentencia ejecutoriada proferida por un tribunal de justicia”.

Además de este texto constitucional hay que tener en cuenta otro elemento, que el segundo juicio a Ricardo Martinelli ya no es por cuatro delitos sino por dos, que son el de (1) interceptación de telecomunicaciones y seguimiento, (2) persecución, y vigilancia sin autorización judicial, ambos con una pena máxima de hasta cuatro años de cárcel.

Al conjugar el texto constitucional con la realidad jurídica del caso pinchazos, nos encontramos que ninguno de los dos posibles delitos alcanza los cinco años, lo que implica que no se cumple la disposición que evite que un Martinelli condenado pueda ocupar la presidencia nuevamente.

No obstante, lo que podría ocurrir es que el tribunal de juicio condene a Martinelli por ocho años y establezca una pena accesoria que le impida ocupar un cargo público.

Pero a esta realidad hay que añadir un nuevo elemento, dado en pleno segundo juicio, y es que el querellante en que se sostenía la posible vigilancia sin autorización judicial, el Dr. Mauro Zuñiga se retiró de la parte querellante, debilitando la teoría del caso, dejando sin sustento uno de los dos delitos por lo que acusan al exmandatario, hoy presidente del partido Realizando Metas (RM).

Adicionalmente, Jerónimo Mejía, quien actuó como Juez de Garantías de Ricardo Martinelli manifestó que el año que el expresidente estuvo detenido en Estados Unidos y el tiempo que este estuviere privado de libertad debían ser contabilizados de darse una eventual condena; esto se traduce en que un eventual fallo condenatorio debe contener la resta de los dos años en que Martinelli estuvo detenido.

Esto quiere decir que, si Martinelli es condenado por interceptación de telecomunicaciones y seguimiento, con la pena máxima de cuatro años se le debe contabilizar los dos años de detención, quedando por cumplir dos años que podrían ser conmutados por días multa. Dando a Martinelli la libertad física; no obstante, el tribunal de juicio puede establecer la inhabilitación de funciones públicas, pero nunca superior a la condena.

Ante tal escenario, nada impediría que Martinelli pueda ser candidato a la presidencia tal y como sucedió con la exprocuradora Ana Matilde Gómez, y al ser inhabilitado por funciones públicas con un máximo de cuatro años, que se contabilizarían tras finalizar el segundo juicio, Martinelli podría estar inhabilitado para ser funcionario 2022, 2023, 2024 y 2025, no obstante, podría ser solo 2022 y 2023 si se le aplica el periodo en que estuvo detenido.

Este interesante panorama, pone a Martinelli como candidato en 2024 con la posibilidad (en el peor de los casos) de gobernar al menos sus últimos tres años pese a que pueda ser condenado e inhabilitado en el su segundo juicio.

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