miércoles, abril 2, 2025

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Con la emisión del salvoconducto por parte del gobierno panameño, que permite al expresidente Ricardo Martinelli salir de la Embajada de Nicaragua y acogerse al asilo político otorgado por ese país en suelo pinolero, se materializa un reconocimiento tácito de su condición de perseguido político.

Esta decisión, calificada como una “victoria” por su vocero Luis Eduardo Camacho, trasciende el plano administrativo: tiene implicaciones profundas sobre la credibilidad institucional del país y la utilización del aparato judicial como instrumento de represalia.

La ya confirmada persecución contra Martinelli no se limita al ámbito nacional. En 2019, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU calificó su detención preventiva en el caso de los “Pinchazos Telefónicos” como arbitraria y recomendó una reparación por los daños causados al exmandatario.

Nicaragua, al otorgar el asilo, reconoció formalmente la existencia de una amenaza concreta contra sus derechos fundamentales, especialmente en lo que respecta a sus garantías procesales y políticas.

Más recientemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió una denuncia relacionada con su inhabilitación electoral. Esto demuestra que no se trata de una mera narrativa política, sino de una persecución con efectos reales sobre sus derechos políticos.

Quienes se oponen a esta lectura argumentarán que Martinelli busca evadir la justicia. Sin embargo, el problema de fondo no es la defensa de una persona, sino la desconfianza creciente hacia un sistema judicial que ha sido cuestionado, tanto por organismos internacionales como por juristas locales, por su falta de independencia y su aplicación selectiva del derecho.

Más aún, el hecho de que la Corte Suprema aún no haya resuelto las demandas de inconstitucionalidad relacionadas con la posible violación del principio de especialidad —vigente desde su extradición desde Estados Unidos— refuerza la percepción de que el sistema judicial no garantiza equidad y está condicionado por factores reales de poder.

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