Con el ascenso de la derecha en América Latina, y el desplazamiento del notable protagonismo que tuvo la izquierda en América Latina, en últimos veinte años, el concepto político de democracia y el jurídico de Estado de derecho, están siendo debatidos nuevamente, para adecuarlos al avance y desarrollo del proceso conocido y que los expertos han bautizado como globalización o mundialización.
Este proceso camina de la mano del consumo, que lo transforma todo, homologando o creando diferenciadores sociales, dentro de una sociedad que aún no determina, si es mejor liberar el mercado, o mantenerlo a resguardo de medidas económicas de Estado.
La globalización es pues, un fenómeno principalmente económico dependiente del Derecho, que marca el camino, por donde el flujo del dinero, circulará hegemónicamente, mediante mecanismos armónicos de su canje o intercambio por bienes y servicios.
Para alcanzar este fin, la globalización requiere de Estados sólidos, con un modelo de gobierno democrático, donde la alternancia en el poder, comulgue con garantías fundamentales, y con un conjunto de reglas de derecho genéricas y especiales, debidamente aceptadas por la mayoría, que brinde un suelo fértil para el desarrollo del mercado y sobre todo este proceso imparable, a nivel internacional.
El liberalismo contemporáneo, que sigue basado en los principios clásicos de Adam Smith, ha obligado a configurar un Estado ideal, para el mercado, y consecuentemente, en estos tiempos modernos un mercado ideal, carente de fronteras físicas, sin limitaciones estadales y pluralista.
En este sentido, el Estado de Derecho, como entidad casi todopoderosa, necesita mantener un vínculo de sujeción, con las reglas que la sociedad va construyendo, principalmente, para sostener la democracia que, a su vez, le allana al mercado un espacio dónde desarrollarse, y que hoy en pleno Siglo XXI, dicho espacio cada vez se expande más por medio del internet y la tecnología digital.
El Derecho como ciencia social, ha evolucionado, acompañando de la mano los procesos de integración internacional, los cuales, inciden sobre el derecho positivo interno, permitiendo que se asegure como producto, una modalidad uniforme de ejercer el poder público, mediante gobiernos basados en principios democráticos, mayor deliberación política, como nos los reflejó el reciente torneo electoral en Panamá y finalmente, el consumo como fuente de desarrollo económico y social.
El acceso a la información, el conocimiento y el respeto a las garantías ciudadanas, es el único camino que debe tener todo sistema jurídico en sociedad, para hacerse justo y unitario, a fin de concebirse frente al escenario, a veces, inescrupuloso del mercado, un poco más humano y universal.
Por Gino Osellame R.
Abogado litigante y Profesor universitario
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