El caso denominado “pinchazos” que mantiene al expresidente Ricardo Martinelli detenido en el centro penitenciario El Renacer es, además de un caso histórico, por mantener privado de libertad a un exmandatario panameño, una verdadera prueba a nuestro Estado de Derecho.
¿Y por qué una prueba? Más allá de las virtudes y defectos de nuestro sistema de administración de justicia, todos los panameños esperamos que tarde o temprano los fallos dejen de ser favores entre amigos, o que estos, estén influenciados por factores reales de poder o factores políticos.
Cuando vemos, que grupos civiles, líderes religiosos y políticos, se enfocan o se interesan por un solo fallo, mostrándose preocupados por la institucionalidad, debemos alarmarnos, considerando que históricamente hemos tenido fallas en el sistema, e incluso estos mismos grupos nunca se han manifestado por otros temas de gran importancia para el país.
La constitución no puede ser más clara, a los diputados los juzga el pleno de la Corte Suprema de Justicia, a los demás ciudadanos, la justicia ordinaria, excepto el Presidente y los propios magistrados, que son juzgados por la Asamblea Nacional.
Ante esta realidad, siendo Martinelli culpable o inocente, lo que procede es que la Corte decline la competencia, y con esto, no le hará un favor a Martinelli, sino a la patria, respetando la Constitución, y ratificándose en la jurisprudencia existente.
No fallar de esta manera, envía un mensaje negativo al país, porque arrodilla a la justicia ante los deseos de quienes ostentan poder o de aquellos que son capaces de crear opinión pública, o mejor dicho opinión publicada.
Esperamos que, la Corte Suprema de Justicia en pleno, respete el Estado de Derecho, porque seguramente Martinelli no será el último presidente que tenga que enfrentar la Ley, y lo que más preocupa es que los grupos políticos que se escudan en movimientos ciudadanos no disimulan su atentado contra la justicia y contra la institucionalidad, que en todo momento dicen defender, con tal de acabar con sus adversarios políticos, sin considerar que ponen en riesgo la justicia de todo un país.
Por Gabriela Elida Santos.
Ingeniera.