El presidente de la República, Laurentino Cortizo, sancionó el proyecto de ley 907, que modifica la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y garantiza la independencia de criterios de los fiscalizadores, auditores y funcionarios que participan en el control previo y posterior.
Según fuentes oficiales, la esta iniciativa robustece el control previo y posterior, mediante el fortalecimiento e independencia de los auditores internos de las entidades fiscalizadas, de manera que no puedan ser destituidos sin la aprobación del contralor general.
“Esta nueva ley es oportuna y necesaria como parte de la actualización y modernización del Estado panameño”, indicó Cortizo.
El mandatario destacó los conceptos de sus dos primeros artículos por considerarlos en perfecta concordancia con los principios de independencia y transparencia que son pilares de este gobierno.
El presidente explicó que el primer artículo establece que la Contraloría General de la República es un organismo estatal independiente de carácter técnico con plena autonomía funcional sin recibir instrucción de autoridad, órgano del Estado o persona, y que su misión es “fiscalizar, regular y controlar los movimientos de los fondos y bienes públicos”.
El jefe del Ejecutivo destacó que el segundo artículo establece que esas funciones se ejercen sobre todas las personas y organismos que tengan a su cargo la custodia o el manejo de fondos o bienes del Estado.
“Confiamos en que esa función fiscalizadora será ejercida a cabalidad con rigor y honestidad por los servidores públicos de la Contraloría como garantes del buen uso de los recursos que pertenecen a todos los panameños”, manifestó el mandatario.
Cortizo mencionó que su plan de gobierno incluye en la modernización de la administración del Estado los temas de Finanzas Públicas, Responsabilidad Fiscal, Transparencia y Rendición de Cuentas.
“En ese sentido, nos complace poder sancionar hoy esta ley que apunta a los mismos propósitos de nuestro plan, de mejorar la gestión pública y vigilar el uso correcto de los fondos públicos”, indicó.
Esta ley también otorga estabilidad laboral por mérito a los funcionarios de la entidad fiscalizadora, luego de haber cumplido satisfactoriamente su labor y todos los requisitos necesarios para lograr este beneficio.