A menudo escuchamos voces clamando por un proceso constituyente a fin de replantear el Estado panameño mediante una nueva Constitución que fuese adaptada a las necesidades actuales de la población. Muchos consideramos la Constituyente como la forma pacifica de llevar a cabo una revolución que, dentro de una conceptualización democrática, rearticule la institucionalidad del Estado, especialmente en cuanto a la modernización y reencauzamiento del régimen del Poder Judicial, la reformulación de la composición legislativa y la modernización del funcionamiento y organización del Poder Ejecutivo.
El proceso constituyente propuesto no sería enfocado simplemente para formular reformas puntuales a la Constitución vigente. A nuestro entender, los objetivos centrales de una nueva Constitución deberían estar dirigidos a (i) eliminar la subordinación de los poderes legislativo y judicial a la voluntad del ejecutivo (selección de magistrados); (ii) impedir la violación de derechos humanos; (iii) erradicar las trampas electorales; (iv) adecuar el grado de autonomía concedido al Tribunal Electoral para regir con ecuanimidad los procesos electorales; (v) definir el tema de la reelección inmediata para todos los puestos de elección popular; (vi) evitar el control sobre los medios de comunicación; (vii) no permitir el atropello a los derechos concedidos a gremios y/o pueblos originarios; y (viii) desarraigar el irresponsable maltrato al ecosistema. En síntesis, una nueva Constitución tendría plena suficiencia democrática, contando con la legitimidad que le da el poder constituyente del pueblo.
Un paso importante en la preparación del proceso constituyente esta en la selección de los miembros que integrarían la denominada Asamblea Constituyente, quienes se encargarían de discutir el articulado y redacción de la nueva Constitución. Dichas personas deberían ser escogidos mediante elecciones democráticas y abiertas. Esto permitiría a los ciudadanos escoger con libertad y plena conciencia, y de forma directa, a personas con suficiente criterio y conocimientos para garantizar una Constitución que satisfaga las expectativas de los ciudadanos. Esta opción evitaría una selección unilateral y directa por parte del Poder Ejecutivo de turno, lo que crearía más dudas que soluciones para el país.
La necesidad de actualizar y mejorar las “reglas de juego” responde a las experiencias de los propios panameños. Hemos aprendido, a tropezones, que las estructuras republicanas son frágiles y los conocidos revolucionarios iluminados (¿?) pueden trastocar el régimen democrático. Para sostener una eficiente institucionalidad la sociedad tiene que elegir gobernantes que acepten y cumplan las disposiciones que nos permitan convivir en una sociedad organizada y dentro de un Estado de Derecho. Cuando elegimos mal, sobreviene la sensación de fracaso y sufrimos los efectos de los persistentes males tradicionales que los gobiernos elegidos prometieron y juraron arreglar, pero que luego se olvidaron de cumplir tales promesas.
En Panamá, la Constituyente en estos momentos tiene que ser impulsada por propia iniciativa del pueblo, dado que la actual Administración del Estado ha manifestado que aún no es el momento para intentar una iniciativa de esta naturaleza. Sin embargo, hay un marcado asentimiento en la población señalando que la Constituyente no debe ser postergada más tiempo. El esfuerzo conjunto de todos los ciudadanos interesados debe organizarse a la mayor brevedad. Tomemos la bandera de la Constituyente!