Un recurso de reconsideración presentó, Sidney Sitton, abogado del equipo de defensa de Ricardo Martinelli Berrocal contra la decisión que dispone no remitir al pleno de la Corte Suprema de Justicia la advertencia de inconstitucionalidad de extradición del ex presidente, presentada por Rogelio Cruz Ríos, tras evidenciar diversas incongruencias presentadas por la Cancillería en la Resolución Administrativa del 11 de julio pasado.
De acuerdo a la reconsideración presentada, la Cancillería evidencia un desconocimiento en cuanto a que su labor no es de mero trámite como afirma, toda vez que Panamá sigue el sistema mixto en donde el proceso de extradición como tal está comprendido de dos (2) fases: la Judicial y la Administrativa. Para la Cancillería es un proceso de extradición en forma segmentada o aislada en cuanto a que el trámite administrativo no es parte integral de un proceso de extradición que comprende la rama judicial y administrativa, debate que ya ha sido superado.
Otra de las incongruencias planteadas es que la propia sentencia de 11 de mayo de 2009 de la Corte Suprema, citada por la Canciller en su resolución, permite visualizar que no tiene asidero en la jurisprudencia nacional el negarse a enviar una advertencia de inconstitucionalidad al Pleno de la Corte por razones distintas a las consagradas en la Constitución, la ley y la jurisprudencia.
Esta Resolución, según el documento presentado, viola lo dispuesto la Ley 38 de 31 de julio de 2000 que establece que toda resolución debe contener un número, fecha de expedición, nombre de la autoridad que la emite y un considerando en el cual se expliquen los criterios que la justifican, sin embargo el acto impugnado no posee un número de resolución y tampoco señala los recursos gubernativos que proceden, siendo entonces esta resolución violatoria del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos el cual hace obligante que se conceda un recurso idóneo y eficaz ante cualquier resolución que dicte una autoridad. En este sentido, la Canciller va en sentido opuesto a lo que ha dicho la Corte Interamericana en su jurisprudencia y en la Carta Democrática.
Sitton solicita la revocatoria de la resolución impugnada y que la advertencia de inconstitucionalidad sea enviada a la Corte Suprema de Justicia para que esta instancia resuelva su admisión por ser este organismo a quien le corresponde, constitucionalmente.