A través de un comunicado, la Cámara Minera de Panamá se pronunció sobre la situación presentada en el proyecto minero Cerro Quema.
Este comunicado informa que esta asociación de empresas, mira con mucha preocupación la grave situación por la que atraviesa el Proyecto Minero Cerro Quema, que se encuentra ubicado entre los Distritos de Tonosí y Macaracas en la Provincia de Los Santos, Península de Azuero.
Expresa también que Minera Cerro Quema S.A. es el principal, contribuyente en materia de empleo y prestaciones sociales y económicas de la Provincia de Los Santos y muy en especial de los mencionados Distritos. De un total de 130 empleos directos, el 94% corresponde a personas residentes de los Distritos de Macaracas y Tonosí, que ocupan puestos a todos los niveles de la estructura de la Empresa, situación que genera importantes cadenas de valor que benefician a innumerables familias del área.
Indica además que desde el inicio de la actividad de exploración en 1995, se han invertido más de 120 millones de dólares en el proyecto y durante los últimos 5 años se han invertido más de US$ 60 Millones en programas sociales y ambientales.
Certifica el comunicado que a la fecha y sin iniciar producción, ya se han reforestado 200 hectáreas dentro de un corredor biológico de 2,000 hectáreas alrededor del proyecto, corredor objeto de programas de regeneración natural y conservación de fauna/flora y que había sido degradado por actividades de subsistencia desde décadas anteriores al proyecto.
La Cámara Minera de Panamá advierte que el programa de monitoreo del Río Quema y sus afluentes que desembocan al Río Tonosí y pasan por la zona del proyecto, compromete a la empresa a mantener la calidad de sus aguas y hoy es la mejor de todos los ríos de la Provincia de Los Santos.
Recuerda que en febrero de 2017, se venció el primer tramo del Contrato de Concesión Minera para llevar adelante el proyecto minero en la zona de Concesión. Poco antes de ello en 2016, se culminó el proceso de evaluación del Estudio de Impacto Ambiental presentado ante la Autoridad Competente, requisito para iniciar la construcción de las obras civiles que le permitirían explotar el yacimiento de oro definido mediante los estudios previos.
Reitera que aunque la empresa ha cumplido de manera satisfactoria con todos los requisitos técnicos, ambientales, sociales, económicos, jurídicos para que las instancias de gobierno competentes al caso aprueben tanto la Prórroga de Concesión como el Estudio de Impacto Ambiental; luego de más de un año de espera, no se ha dado la firma de las Resoluciones de aprobación respectivas.
Sintetiza en el comunicado que todo lo anterior ha llevado a que la compañía Canadiense que es la dueña del contrato de Concesión, se encuentre ante una situación de hecho que le impide continuar trabajando con normalidad; obviamente debido a las serias implicaciones en materia de inseguridad jurídica que esto demuestra.
Además señala que la empresa ha tenido que establecer un programa de reducción de personal, que inició en con el cese de labores del 25% (30 colaboradores) del total de la fuerza laboral del proyecto. De cumplirse la aprobación, solamente durante la construcción de las obras para la operación se generarían más de 530 empleos, además del pago de los permisos de construcción a los municipios, que a su vez deben redundar en beneficios para las comunidades, además de regalías e impuestos nacionales y municipales durante la operación.
Hacen un llamado al Gobierno Nacional para que atienda la situación con la mayor objetividad y a la menor brevedad, teniendo además absoluta claridad de que en una situación como esta los mayores perjudicados son los pobladores y el entorno de la zona; aparte del deterioro de la imagen del país en materia de atracción de inversiones y seguridad jurídica.
Este proyecto representa además, la mayor inversión privada en la zona de la Península de Azuero y se constituirá en generador de cadenas de valor y emprendimiento como ya sucede en otras zonas del país por efecto de proyectos de esta índole, siendo así fuente de beneficios para miles de panameños y las comunidades, no solamente en el orden económico sino también en lo social y ambiental.