Panamá atraviesa en estos momentos una crisis política considerada como la más grave desde los inicios de su vida republicana. La institucionalidad esta peligrosamente debilitada y el Estado de Derecho ha colapsado. La separación que debe existir entre los Órganos del Estado ha sido nulificada por una desmedida injerencia presidencial en los otros dos poderes, dejándolos en una total dependencia y evidente genuflexión.
Los partidos políticos no gozan de una buena opinión por parte de los ciudadanos. Se observa una confrontación en la cual el partido en gobierno ha mantenido una exacerbada persecución política de sus adversarios y hace uso de un exagerado populismo y clientelismo político, temas en los cuales el gobernante ha ocupado la mayor parte del tiempo. El país se ha manejado con sobresaltos administrativos y políticos, sin que se vean soluciones reales a los varios problemas que afectan la calidad de vida de la población.
Como agravante, la Asamblea, aprueba en un “madrugonazo”, el proyecto de ley 245, instrumento que muchos lo consideran como una especie de “ganzúa” diseñada por los actuales diputados, la que entregarían al Ministerio Público para que rompa cerraduras y abra las puertas de la “impunidad” para que, de esa forma, algunos puedan escapar del correspondiente castigo, sólo por ser amigos, adláteres, o aliados políticos del gobierno.
En medio de esta vorágine política, aparece como un espanto en la noche el Sr. Fonseca Mora, con unas declaraciones muy comprometedoras para el Sr. Presidente, que estremecieron los cimientos más profundos de esta nación. Este personaje fue hasta hace poco Ministro Consejero del Presidente y Presidente del partido Panameñista, y uno de los principales donantes de la campaña presidencial, además de ser socio principal en el bufete de abogados involucrado en el escándalo mundial de los Panama Papers,
Las confesiones del Sr. Fonseca son terribles para el Presidente, ya que lo asocia con “donaciones” entregadas por la empresa Odebrecht, empresa que ha confesado haber ofrecido sobornos (coimas) para ganar contratos de obras en Panamá, lo que se especula inició desde el año 2006 hasta el presente.
El delator arriba referido, además de los señalamientos anteriores, dió a conocer detalles en cuanto a la injerencia presidencial en el Órgano Judicial. Dijo también haber sido engañado, igual que la Procuradora. Si hay engañados o no, la realidad demuestra que el Ministerio Público ha funcionado fuera de foco desde que inició la actual administración, violando el debido proceso y abusado de la detención preventiva. Ha practicado una evidente negación de justicia en trámites legales de los casos relacionados con funcionarios de la anterior administración de gobierno.
Sin duda, la “viveza parlamentaria” del 245, y la comprometedora confesión pública del Sr. Fonseca, han provocado una crisis institucional sin precedentes, en la cual el Mandatario de turno y su gabinete no parecen tener capacidad alguna para resolverla efectivamente. La poca credibilidad que tiene el gobierno y la gran desconfianza de los gobernados, le limitan toda capacidad para maniobrar.
Qué nos queda entonces para encontrar una salida a la crisis? Buscar una opción pacífica y democrática. Es necesario el consenso nacional de todas las fuerzas vivas, que permita debatir los temas que nos afectan. Pero para esto también se requiere la voluntad política del gobernante. La poca institucionalidad que nos queda hay que preservarla para poder transitar hacia una nueva plataforma constitucional, que funcione con ideas modernas, correctivos y controles para limitar las violaciones a la misma. El beneficio de todos es el objetivo. La participación con la inclusión de todos, especialmente la juventud, con claros conceptos de patria, es importante. La opción, es una Constituyente sin apellido. Lo originario está en el poder constituyente del ciudadano, facultad que le permite construir su propia Constitución.
Ing. Cristóbal Silva.