Tanto la denuncia sobre el funcionamiento de una “Procuraduría Paralela”, que presumiblemente funcionaba durante el gobierno del expresidente Juan Carlos Varela, como aquella que asegura que esta se habría transformado en un supuesto “Consejo de Seguridad Paralelo”, deben ser investigadas por la autoridades del Ministerio Público, debido a la peligro que esto representa; aseguró el abogado internacionalista y exasesor jurídico en el Consejo de Seguridad, Luis Fuentes Montenegro.
Lo denunciado por el señor Camacho, es una aseveración que debiera tomarse como «noticia criminis». Debe ser citado, a fin de que pueda formalmente aportar los elementos probatorios que secunden sus aseveraciones. A partir de dicha diligencia, se deben iniciar las averiguaciones que corresponden; indicó el jurista.
Para Fuentes Montenegro, hablar de una Procuraduría paralela y de un Consejo de Seguridad Paralelo, es un asunto muy serio, pues implica, por un lado el ejercicio ilegal de funciones y atribuciones públicas reguladas por ley, por otro lado que roles de instituciones se llevan a cabo por particulares, al margen de ley. En ambas hipótesis hay gravedad y la institucionalidad del país debe salvaguardarse.
A pregunta de La Gaceta de Panamá, si en base a su experiencia como asesor jurídico en el Consejo de Seguridad, podía hablarnos de antecedentes similares, el abogado aseguró “antecedentes de constituir el Consejo de Seguridad en una especie de Procuraduría o de supra fiscalía, nunca. Por ello es una situación que debe investigarse por el Procurador General de la Nación a fin de determinar la existencia o no de esas acciones y aplicarse las sanciones más rigurosas si resultan comprobadas”.
El abogado, lamentó que: “en los últimos años se ha acentuado un criterio y un funcionamiento del Consejo de Seguridad que cada vez se separa más de la concepción por la cual ese estamento fue creado. En vez de una entidad que debe actuar dentro del marco de la constitucionalidad y del debido respeto a los derechos humanos, valorando desde un análisis multidisciplinario sobre situaciones de vulnerabilidad del Estado de Derecho, de riesgos a la institucionalidad y ante factores de probables crisis; En ese marco degenerativo, los hechos dados en el periodo del señor Varela Rodríguez, son ejemplo de esa tergiversación de roles, de degeneración institucional”.
El Consejo de Seguridad ni antes, ni ahora ni después, puede ni debe ser una entidad para influenciar en la administración de justicia, menos armar pruebas, ni armar expedientes. Eso no solo es ilegal, es delictivo. La estructura de un Consejo de Seguridad no es para perseguir adversarios políticos, no es para inventarle delitos a ningún ciudadano, si incurre en ello, eso debe ser investigado minuciosamente desde el ámbito jurídico penal, pues los propósitos y objetivos fueron vulnerados; enfatizó el abogado internacionalista y ex asesor jurídico del Consejo de Seguridad.