La Knéset, el parlamento israelí, aprobó por estrecha mayoría una polémica ley sobre la nacionalidad judía. No se trata de reconciliación sino de superioridad, opina Rainer Hermann.
Durante más de cinco años, la ley sobre el carácter judío del Estado israelí has sido objeto de controversia. Ahora, la Knéset aprobó la polémica ley, que tiene rango constitucional, con sorprendente rapidez antes de las vacaciones de verano, aunque por estrecha mayoría. La ley estipula que Israel es un Estado judío y contiene elementos que determinan la discriminación de minorías no judías.
En primer lugar, sorprende que la derecha israelí en torno al primer ministro Netanyahu haya impulsado esta nueva definición del Estado de Israel sin haber buscado un amplio consenso. La ley se une así a la larga lista de decisiones fundamentales, como el «Brexit» y la nueva constitución turca, en las que una estrecha mayoría se impone sobre una fuerte minoría. La nueva ley ha dividido al pueblo judío. En la diáspora la oposición era aún mayor que en el propio Israel.
Visita simbólica
Sin embargo, los colonos ultrareligiosos y los partidos ultraortodoxos no cesan en su intento de transformar al Estado, tras haberlo hecho ya con la sociedad. El entorno internacional es favorable. En la Casa Blanca se encuentra Donald Trump, que simpatiza con la derecha israelí. En Europa, los políticos y los partidos que rinden homenaje a un nuevo nacionalismo marcan la pauta en un número cada vez mayor de países. Puede que haya sido una coincidencia, pero seguro tiene un significado simbólico, que el primer ministro húngaro, Viktor Orban, estuviera de visita en Israel cuando se aprobó la ley.
Por último, en el mundo árabe, que se preocupa más por sus propios conflictos, el destino de los palestinos ya no es tan urgente como tras la creación del Estado de Israel, que condujo a la expulsión de cientos de miles de palestinos.
Derechos perdidos
A pesar de todo, la declaración de independencia del Estado de Israel marcó hitos: subrayó la importancia de la democracia y la igualdad de todos los ciudadanos. Ambos términos ya no aparecen en la ley sobre el carácter del Estado. En cambio, a las minorías no judías se les niega el derecho a la autodeterminación, se degrada el idioma árabe y la creación de asentamientos puramente judíos se declara de interés nacional. No se trata de una política de reconciliación, sino de una política de superioridad que no evita los conflictos.
Autor: Rainer Hermann (GG)