Una preocupación permanente de muchos panameños pensantes y de buenas intenciones es encontrar formas y mecanismos innovadores que podrían ser útiles para eliminar las imperfecciones estructurales y de funcionamiento que tenemos insertas en nuestra sociedad y transformar para mejor la forma de organización de los tres poderes del Estado establecidos por la Constitución vigente en nuestro país.
La pregunta lógica que salta al tapete es ¿qué podemos hacer distinto para llegar a tener un Mejor Panamá? Algunas ideas inmediatas están casi siempre relacionadas con temas asociados a un mejor desempeño de la economía nacional; otras que plantean la rearticulación de la institucionalidad del Estado en general; unas sobre aspectos en cuanto a reformas al Poder Judicial y atribuciones del Tribunal Electoral; otras relativas a una reformulación de la composición del Poder Legislativo; y algunas que indican la necesidad de un replanteo de las atribuciones del Presidente que se observan son hoy día de corte muy presidencialista.
Para responder a la interrogante planteada, quizás hay que pensar en términos de cómo realizar una verdadera revolución democrática y de forma pacífica en Panamá? Tal revolución tendría como objetivo clave establecer una verdadera separación de poderes, con la necesaria independencia judicial que permita beneficiarnos de una real supremacía de la ley.
Sin duda, una “acción de clase” con estos objetivos tendría que ser acompañada de una re-educación de nuestra sociedad de manera que en el ejercicio público se aprenda a repudiar la mentira y hacer entender a los ciudadanos que así como se tienen derechos, también se tienen deberes. De esta forma se podría desarrollar una actitud de “trabajo bien hecho” y no sólo cumplir compromisos político o para abonarse un salario de sobrevivencia.
La profundidad del planteamiento reformista revolucionario sugerido implica el establecimiento de reglas renovadas para la convivencia y gobernanza que permitan un desarrollo económico, social e institucional duradero. Esto significa que a la postre se requeriría una nueva Constitución. Para lograr esto, que podemos hacer cada uno de nosotros?
Algunas respuestas podrían darse como: (i) ser ciudadanos responsables, respetuosos del estado de derecho y de sus propias familias; (ii) dejar a un lado la indiferencia y ser conscientes con la realidad que nos envuelve y ver como podemos participar para mejorarla; (iii) identificar los problemas existentes, estableciendo prioridades y definiendo una agenda de participación; (iv) informarse sobre los temas de interés elegidos para entenderlos mejor; (v) organizarse para trabajar sobre los temas de cambios, encontrando puntos de acuerdo entre nosotros y crear alianzas; (vi) y finalmente, participar activamente, ya sea desde una computadora en redes sociales, hasta un trabajo más intenso en las calles.
En síntesis, hay que exigir la transformación, pero esto sólo no resuelve el tema. Hay que trabajar comprometidamente de forma tal que ejerzamos una ciudadanía efectiva y participativa, porque en el fondo lo más efectivo que podemos hacer por un “Mejor Panamá” es ejercer nuestros derechos ciudadanos.
La reflexión final dicta que sería necesario un nuevo régimen constitucional. Esto hace mandatorio iniciar un proceso encaminado a solicitar ante las autoridades pertinentes la instalación de una Asamblea Constituyente mediante una iniciativa ciudadana. Tal propósito exigiría que todos los ciudadanos conscientes de la misma y que sientan que es la vía correcta, salgan a respaldar con su firma un llamado para lograr tal objetivo. Así, se ejercería el poder constitutivo del pueblo, que exige no posponer por más tiempo la decisión de implementar un proceso constituyente en nuestro país.
Ing. Cristóbal Silva