Luego de las diversas reacciones generadas por el Decreto Ejecutivo 130 de 6 de junio de 2017, el cual establece nuevas normas de actualización catastral, el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Dulcidio De La Guardia, anunció la suspensión del polémico Decreto.
Según De La Guardia, se ha dado un manejo político tras infundir en la población panameña, la posibilidad de perder sus viviendas al entrar en vigencia el Decreto, por lo que mantendrán con diversos gremios y ciudadanos jornadas explicativas para esclarecer el contenido y alcance de la iniciativa.
«Este decreto busca mejorar la relación entre entidades que tienen que ver con el manejo de los bienes de inmueble en Panamá», señaló De La Guardia.
Por su parte, la Diputada Zulay Rodriguez, ha señalado que con el Decreto, la ANATI es la única autorizada para poner costos a las mejoras y revalorizaciones, en lugar de firmas idóneas, calificando la medida como impositiva.
Según la Rodriguez, lo que busca el Decreto 130, es crear una base de datos entre el Municipio y la Anati que contenga los permisos de construcción, ocupación, cambios de zonificación y uso de suelo para mantener un registro de los bienes inmuebles que existan dentro de la jurisdicción de dichos Municipios.
Para la diputada, este tipo de iniciativas podría revivir los reavalúos, a través del artículo 69 de la descentralización, generando impuestos impagables, que al no poder ser pagados podría generar perdida de casas y fincas.
La diputada PRD, quien mantiene una iniciativa legislativa en tercer debate, que pretende disminuir el impuesto de bien inmueble de 2.1% a 0.25%, logró este fin de semana que diferentes sectores se pronunciaran en las redes sociales en favor de esta iniciativa, tal es el caso de su copartidario, el diputado Samir Gozaine, quien respaldo públicamente la iniciativa de la parlamentaria.
El Decreto 130 ha sido rechazado por varios sectores políticos; los precandidatos presidenciales Nito Cortizo (PRD) y Rómulo Roux (CD), también manifestaron que debe ser derogado.