El Gobierno Nacional decretó estado de urgencia en la provincia de Bocas del Toro y anunció la suspensión temporal de varias garantías constitucionales, en respuesta a una escalada de violencia y disturbios que sacuden la región desde hace semanas. La decisión fue comunicada por el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, en una conferencia de prensa que contó con la participación del gabinete ejecutivo.
“Se suspenden temporalmente los efectos de los artículos 21, 22, 23, 26, 27, 29, 37 y 38 de la Constitución Política de la República de Panamá”, detalló Orillac, al justificar la medida por la gravedad de los actos registrados, incluyendo incendios, saqueos y ataques a infraestructuras públicas y privadas.
La situación se agravó tras la detención del dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Banano (Sitraibana), Francisco Smith, acusado de varios delitos, entre ellos apología del delito y asociación ilícita para delinquir. Smith permanece recluido en el centro penitenciario La Nueva Joya, hecho que encendió nuevamente las tensiones en la provincia.
Las protestas, que comenzaron como rechazo a la Ley 462 de la Caja de Seguro Social y otras decisiones gubernamentales, tomaron un carácter violento el miércoles por la noche. Entre los hechos denunciados se incluyen el incendio parcial del estadio Calvin Byron, la toma del aeropuerto de Changuinola, y saqueos a oficinas privadas como las de Chiquita Panamá.
“Estos actos criminales y de terrorismo urbano son inaceptables y no representan una protesta legítima”, enfatizó Orillac. La Operación Omega, desplegada por las fuerzas de seguridad para recuperar el control de las vías, no ha logrado aún contener la situación, pese al despliegue de más de 1.500 agentes.
Sitraibana, por su parte, aseguró haber cumplido con los acuerdos alcanzados con el Ejecutivo y la Asamblea, incluyendo el despeje de vías. En un comunicado, el gremio condenó los actos de violencia y se deslindó de los hechos ocurridos en El Empalme y Changuinola el pasado 19 de junio.
El sector empresarial también se pronunció. Juan Arias, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), advirtió que “la protesta legítima se desvirtúa cuando el crimen organizado toma las calles”.
La suspensión de garantías implica que las autoridades podrán realizar detenciones prolongadas, allanamientos sin orden judicial, revisar documentos personales e interceptar comunicaciones. No obstante, el ministro de Seguridad, Frank Ábrego, aclaró que la medida no restringe la libre circulación de los ciudadanos en sus actividades cotidianas.
Expertos en derechos humanos han expresado preocupación. El jurista Carlos Bichet advirtió que la suspensión del habeas corpus resultaría incompatible con la Convención Americana de Derechos Humanos y con el sistema interamericano, recordando que esta garantía protege la libertad personal frente a detenciones arbitrarias.