Abogados alertan sobre persecución de entes del gobierno contra profesionales del derecho
CIDH evalúa denuncia y evidencias recabadas.
Una serie de actos de persecución, amedrentamiento y amenazas, llevados a cabo por entidades del gobierno del presidente Juan Carlos Varela, fueron denunciados al medio día de este lunes, 07 de marzo, por parte de un grupo de abogados, quienes advirtieron que se está atentando no solo contra el legal y libre ejercicio de la abogacía, sino contra el derecho humano que tiene todo ciudadano a la defensa, basado en el principio de la presunción de inocencia.
La denuncia fue hecha pública por miembros del equipo de defensa del ex presidente Ricardo Martinelli quienes explicaron que, independientemente de la representación legal que hoy hacen, es importante que instituciones como el Colegio Nacional de Abogados (CNA), entidades civiles y las propias autoridades hagan un alto para poner fin a la campaña de persecución y amenazas que se emprenden desde la Dirección General de Ingresos (DGI), la Contraloría General de la República (CGR) y el Consejo de Seguridad (CS) contra profesionales del derecho con el fin de que éstos desistan de la defensa de quienes hoy son opositores del gobierno del presidente Varela.
La abogada y coordinadora del equipo de defensa del ex presidente Martinelli, Alma Cortés sostuvo que las acciones de persecución desde la DGI, CGR o el CS ya no solo se están enfilando contra juristas que ejercen la legítima defensa tanto del ex gobernante como de ex miembros de su administración, sino también contra los familiares de los abogados para intentar que éstos desistan de la defensa.
“El gobierno está utilizando las instituciones públicas para perseguirnos, amedrentarnos. Mis hijos han sido hasta amenazados, de atentar contra sus vidas o integridad personal. A mí también me están llegando amenazas, y hemos recibido amenazas, se está utilizando recursos del Estado para perseguir a sus opositores o adversarios, y ahora se está atentando contra la libertad del ejercicio del derecho y contra el derecho a la defensa, como la de Ricardo Martinelli, en este caso”, indicó Cortés quien informó que la DGI le ha aplicado sanciones alegando irregularidades en contabilidad, mientras que la CGR, le ha abierto un nuevo expediente por presunto enriquecimiento injustificado.
“Las malas prácticas” que se han estado fraguando desde las oficinas públicas, en claro atentado contra el ejercicio de la abogacía y el derecho a la defensa, y el mismo Estado de Derecho que debe existir en el país, ya han sido denunciadas también ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que, precisamente, hace 25 días, solicitó un informe para conocer si había mejorado o cambiado la situación, o se había dado alguna “corrección”.
“La situación no ha mejorado, por el contrario, ha empeorado. Y recientemente la Comisión (CDHI) nos cursó solicitud de información adicional sobre la denuncia de persecución ya no solo contra Ricardo Martinelli Berrocal, sino contra los abogados que representamos a Ricardo Martinelli Berrocal, lo cual atenta contra el derecho a defensa que tiene toda persona. Nosotros somos profesionales que ejercemos nuestra profesión con estricto apego a la ley, y es por eso que exigimos respeto para nosotros y nuestras familias”, dijo el abogado Sidney Sittón, quien confirmó que ya la información solicitada por la CIDH fue suministrada hace una semana y media.
“Estamos a la espera de lo que pueda resolver la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque le estamos advirtiendo a este organismo que en Panamá se persigue a los abogados única y exclusivamente por ejercer su profesión, en este caso, con un opositor”, acotó Sittón, manifestando que quienes hoy persiguen “desearán mañana que sus derechos y el respeto del debido proceso legal sean piedra angular” de los casos en los cuales pudieran verse involucrados.
Por su parte, Luis Eduardo Camacho González informó que también ha sido víctima de persecución y amedrentamiento con el levantamiento de procesos que tienen como fin no solo afectarlo personalmente, sino silenciar a su padre, Luis Eduardo Camacho, vocero del ex presidente Martinelli y dirigente del opositor partido Cambio Democrático (CD), a quien también se le ha intentado abrir, sin éxito, expedientes amañados desde el CS.
“Se nos informó que el gobierno nacional, el Consejo de Seguridad, buscaba la manera de abrirnos procesos, pues le había sido imposible conseguir algo que se utilizara en nuestra contra; que iban a buscar la manera de poder abrir nuevos procesos y en especial contra mi persona porque creen que se esa manera van a acallar la voz de Luis Eduardo Camacho Castro (padre), que les digo desde ya, va a ser imposible. Le he solicitado (a mi padre) que continúe con su rol y que no se inmiscuya en las cosas que he hecho, voy a seguir adelante”, expresó Camacho hijo, tras confirmar que a mediados de diciembre de 2015 se le abrió un nuevo expediente en la Fiscalía Sexta Anticorrupción.
En tanto, el abogado Dimas Guevara dijo que es “preocupante” que se surtan amenazas contra los hijos de juristas solo por el hecho de estar ejerciendo una representación de alguien quien solo es objeto de investigación y no se le ha comprobado ni responsabilidad ni vinculación. “Eso no debe ser una causa para que los cañones en esta instancia se vayan hacia los defensores que lo único que estamos haciendo es tratar de salvaguardar o se respete la Constitución, las leyes y los tratados internacionales”, agregó.
Finalmente, el abogado Alejandro Pérez indicó que las autoridades del gobierno utilizan las entidades del Estado como el Ministerio Público, la CGR, la DGI y el CS para sus propósitos al margen de la ley pensando que de esa manera el equipo de juristas “desistirá” de la defensa no solo de Ricardo Martinelli sino de todos los clientes. “Porque nosotros somos leales a nuestros clientes, quienes sean, desde el más encumbrado o el más humilde, y esto (la persecución) es una mala práctica que los más veteranos aquí ya pasamos por ese río”, concluyó